Polo Sur
El patrimonio y los movimientos económicos de Manuel Adorni vuelven a quedar envueltos en fuertes sospechas judiciales tras una declaración que complica aún más el escenario alrededor del funcionario libertario. Según trascendió en la causa que investiga presuntas irregularidades patrimoniales y contrataciones vinculadas a su entorno, un propietario del country Indio Cua aseguró ante la fiscalía que Adorni le pagó más de 21.000 dólares en efectivo por el alquiler de una vivienda durante aproximadamente un año y medio.
La declaración fue realizada ante el fiscal Gerardo Pollicita por José Luis Rodríguez, dueño de la propiedad y vecino del propio funcionario, quien detalló una operatoria que ahora quedó incorporada formalmente al expediente judicial y que abre nuevos interrogantes sobre el origen, manejo y trazabilidad de los fondos utilizados por el vocero presidencial.
Según publicó La Nación, Rodríguez confirmó parcialmente lo declarado previamente por el contratista Matías Tabar, aunque agregó elementos aún más delicados para la situación del dirigente libertario. El testigo sostuvo que antes del contrato principal ya había existido un alquiler informal durante enero y febrero de 2024 por u$5.600 dólares, mientras que posteriormente la estadía se extendió otros tres meses por u$2.400 dólares adicionales sin contrato firmado.
La suma total de la operación alcanzaría así los 21.000 dólares pagados en efectivo, un dato particularmente sensible en medio de una investigación que busca reconstruir los movimientos patrimoniales y financieros de Adorni desde su llegada al Gobierno nacional.
La situación genera nuevas tensiones para el oficialismo, que construyó gran parte de su discurso político alrededor de la transparencia, la austeridad y la crítica permanente a los privilegios de la dirigencia tradicional. Ahora, la aparición de pagos en efectivo por montos elevados, contratos informales y operaciones sin respaldo documental suficiente vuelve a colocar bajo sospecha a uno de los funcionarios más visibles del gobierno de Javier Milei.
Fuentes judiciales citadas por La Nación señalaron además un dato que incrementó el hermetismo alrededor del expediente: tras declarar ante la fiscalía, el propietario de la vivienda abandonó el lugar acompañado por un efectivo de la Policía Federal.
Mientras avanza la investigación, crecen los cuestionamientos sobre la evolución patrimonial y los gastos personales del vocero presidencial, en un contexto donde la oposición ya reclama explicaciones públicas y mayor transparencia sobre los vínculos económicos del entorno libertario.
