Polo Sur
El economista Demian Reidel, ex titular de Nucleoeléctrica y exjefe del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, fue imputado en una causa que investiga presuntos gastos irregulares con tarjetas corporativas de la empresa estatal.
La decisión fue tomada por el fiscal federal Ramiro González, quien pidió las primeras medidas de prueba para determinar si hubo un uso indebido de fondos públicos. La causa se tramita en el juzgado de Daniel Rafecas.
Qué investiga la Justicia
La investigación apunta a consumos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período en el que se habrían registrado gastos por cerca de $50 millones en el exterior, incluyendo compras en free shops, hoteles de lujo, restaurantes, discotecas y extracciones en dólares. El fiscal también imputó a integrantes del directorio y de la sindicatura de Nucleoeléctrica, además de los usuarios autorizados de las tarjetas corporativas.
Entre los gastos detectados aparecen consumos en aeropuertos de Argentina, Corea del Sur, Alemania, Austria e Italia, además de compras en locales como Primark, Decathlon y Adidas. También figuran pagos en restaurantes y pubs de España, incluidos consumos en Valencia y Madrid. Según trascendió, parte de la información surgió del informe de gestión que Manuel Adorni presentó ante la Cámara de Diputados.
Tras conocerse el caso, Reidel negó haber realizado gastos personales y sostuvo que los consumos corresponden a distintas tarjetas corporativas de la empresa. "Mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal", aseguró en su cuenta de X, donde pidió que "se investigue hasta el último peso". Por su parte, la diputada Marcela Pagano lo denunció por presunta defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Como parte de las medidas iniciales, el fiscal solicitó al banco emisor el detalle completo de las operaciones realizadas con la cuenta corporativa, incluyendo fechas, comercios, importes y titulares de cada plástico asociado. La Justicia busca determinar si los consumos respetaron el régimen vigente de viáticos o si existieron irregularidades en el manejo de fondos de la empresa estatal.
