Polo Sur
La firma del convenio entre Terra Ignis y la empresa Velitec, presentada por el gobierno de Gustavo Melella como un paso técnico necesario para garantizar la continuidad operativa de áreas hidrocarburíferas, podría estar viciada desde su origen por un problema mucho más grave, la falta de legitimidad de quienes intervinieron en el acto.
Los hechos son contundentes. El 27 de marzo de 2026, la Legislatura de Tierra del Fuego dictó la Resolución N° 075/26, mediante la cual revocó las designaciones de autoridades de Terra Ignis y nombró una nueva conducción en el marco de la Ley provincial 1423 . Es decir, el órgano competente dejó sin efecto a los directores y síndicos que hasta ese momento ejercían funciones y designó a sus reemplazantes.
Sin embargo, apenas días después, el 6 de abril, se firmó un acuerdo clave para la operación de áreas hidrocarburíferas con Velitec. Y lo que resulta imposible de explicar desde el punto de vista institucional es que en ese acto participaron y avalaron el convenio autoridades que, de acuerdo a la resolución vigente de la Legislatura, ya no debían estar en funciones.
La contradicción es directa y no admite matices de ningún tipo. Si la resolución legislativa estaba en plena vigencia —y no existe ningún acto posterior que la suspenda o la deje sin efecto—, entonces quienes firmaron el convenio carecían de competencia para hacerlo. Y si carecían de competencia, el acto podría estar afectado por un vicio de origen que lo torna jurídicamente cuestionable.
El gobierno provincial, sin embargo, eligió el silencio. No explicó por qué las nuevas autoridades designadas por la Legislatura no participaron del acto. No aclaró si la resolución fue efectivamente implementada. No informó si existió algún tipo de transición formal. Simplemente y el mejor estilo de patrón de estancia vulnerando los caminos institucionales y legales avanzó.
Y ese avance, en un tema menor, podría pasar desapercibido. Pero no estamos hablando de un trámite administrativo más. Estamos hablando de áreas hidrocarburíferas, de recursos estratégicos, de decisiones que comprometen el desarrollo energético de la provincia y millones de dólares en juego.
La gravedad del escenario es evidente. Si la resolución no fue acatada, estamos ante un conflicto institucional entre poderes del Estado. Si, en cambio, el convenio fue firmado por autoridades desplazadas, entonces el problema es aún más serio: podría tratarse de un acto nulo o, como mínimo, altamente impugnable.
En cualquiera de los dos casos, la responsabilidad política es ineludible. Porque Terra Ignis no es una empresa privada que actúa en la sombra. Es una sociedad con participación estatal, sujeta a controles, normas y decisiones del Poder Legislativo. Y el Poder Ejecutivo no puede, simplemente, hacer como si esas decisiones no existieran.
Lo que está en discusión ya no es solo el acuerdo con Velitec. Lo que está en discusión es si el gobierno de Melella está dispuesto a respetar las reglas institucionales cuando toma decisiones sobre recursos estratégicos o si, por el contrario, avanza por fuera de ellas cuando el negocio o el negociado lo amerita.
Porque cuando las decisiones se toman sin claridad sobre quién tiene la autoridad para firmarlas, lo que se rompe no es solo la formalidad jurídica. Se rompe la seguridad institucional.
Y cuando se rompe la seguridad institucional, lo que queda en duda no es solo un convenio.
Queda en duda todo.
