Polo Sur
El reciente anuncio del Instituto Fueguino de Turismo sobre supuestos beneficios en tarifas aéreas preferenciales para residentes merece, al menos, una mirada crítica y responsable. Presentarlo como un gran logro para la provincia cuando el convenio se apoya en una aerolínea que acumula cuestionamientos por cancelaciones, demoras y reclamos de usuarios resulta, cuanto menos, imprudente para una jurisdicción que depende estructuralmente del transporte aéreo.
La condición insular de Tierra del Fuego no admite improvisaciones ni marketing liviano. Para miles de fueguinos volar no es un lujo ni solo turismo: es acceso a salud, trabajo, educación, trámites comerciales y vínculos familiares. Cualquier degradación en la calidad o confiabilidad del servicio impacta directamente en la vida cotidiana, en la economía y en la previsibilidad personal y empresarial.
Ofrecer descuentos sin garantizar regularidad, cumplimiento y respaldo efectivo ante cancelaciones puede terminar siendo un falso beneficio. Los antecedentes recientes de vuelos suspendidos, reprogramaciones intempestivas y dificultades para obtener compensaciones razonables no son detalles menores, implican pérdida de reservas hoteleras, contratos turísticos frustrados, costos adicionales y, en muchos casos, situaciones de estrés para pasajeros que quedan varados sin respuestas claras.
Cabe destacar que los responsables informaron que este "beneficio" podrá aprovecharse en toda la red de tiendas físicas de la agencia El Mundo. En la provincia de Tierra del Fuego, está disponible solo una tienda en Ushuaia (Gobernador Paz 145 - Local 1), con lo cual descartan las ciudades de Río Grande y Tolhuin resultando en una medida altamente discriminatoria para una provincia que no tiene una sola ciudad, sino tres.
En ese contexto, el rol del Estado provincial debería priorizar conectividad segura, estable y de calidad, no solo promociones comerciales que pueden terminar precarizando el servicio para los residentes. La política aerocomercial en una provincia insular exige seriedad, planificación y defensa activa de los usuarios, no anuncios que corren el riesgo de transformarse en otra promesa sin sustento.
Porque para Tierra del Fuego la conectividad aérea no es un negocio publicitario, es un derecho estratégico. Y tratarlo con liviandad solo profundiza la sensación de que, una vez más, se vende humo mientras los fueguinos siguen enfrentando incertidumbre cada vez que necesitan volar.
