Promoción o precarización: el falso beneficio aéreo para los fueguinos

La provincia atraviesa uno de sus momentos económicos e institucionales más delicados —caída productiva, deterioro financiero, crisis social y servicios públicos tensionados— pero la respuesta política parece limitarse a rotar funcionarios y cambiar cargos sin modificar el rumbo. En lugar de un plan económico claro, lo que se percibe es maquillaje institucional, se mueven piezas para sostener un esquema agotado mientras la incertidumbre, la pobreza y la falta de previsibilidad siguen marcando el pulso de Tierra del Fuego.

Las dos plantas bonaerenses emplean a unos 150 trabajadores. En la empresa alegan una cuestión de estacionalidad. Mientras tanto, Cherñajovsky crece en el negocio energético.

Milei decidió retirar al Estado como querellante en la causa que investiga la deuda récord tomada con el FMI durante el macrismo, una medida que beneficia directamente a exfuncionarios hoy cercanos al poder. La decisión reabre el debate sobre el destino de esos fondos, cuestionados por su posible vínculo con procesos de fuga de capitales, y deja al país frente a una pregunta incómoda: quién asume la responsabilidad política por una deuda que aún condiciona el presente económico argentino.

El intendente de Río Grande advirtió que «sin orden y planificación se habilita el avance sobre los recursos fueguinos.»

La deuda que el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego mantiene con el Municipio de Ushuaia por fondos de coparticipación alcanzó en enero de 2026 su nivel más alto de los últimos años y encendió todas las alarmas en la capital fueguina. Según información económica publicada por el medio El Delivery, el monto adeudado superó los 9.000 millones de pesos, con demoras en las transferencias que volvieron a ubicarse cerca de los 30 días.

Los anestesiólogos de Tierra del Fuego iniciaron una medida de fuerza de alcance provincial como consecuencia de deudas acumuladas por parte de OSEF, que afectan tanto al sistema público como al privado. La decisión impacta en las cirugías programadas, mientras que las urgencias y emergencias continúan garantizadas.

El conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia quedó definitivamente fuera del ámbito judicial local tras el dictamen del fiscal de la Justicia Federal. La decisión no solo encamina la causa hacia la Corte Suprema, sino que también dejó al descubierto una estrategia legal cuestionada, que incluyó una presentación externa valuada en unos 60 mil dólares, más de $87 millones de pesos, solventada con fondos públicos, una de los tantos gastos innecesarios por la gestión del gobernador Melella fueguino en los últimos años.