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El gobierno argentino habilita una base regional israelí en Buenos Aires, mientras empresas de Israel y Reino Unido avanzan con la explotación petrolera en Malvinas. Silencio oficial, pérdida de soberanía y una política exterior sin precedentes.

La presidenta del Superior Tribunal se habría reunido con jueces que luego firmaron una resolución a favor del camarista investigado por tenencia de pornografía infantil. Se impidió el peritaje de un celular sospechado de contener pruebas sensibles. La sombra del corporativismo judicial se extiende sobre el caso.

El fiscal Fernando Ballester Bidau pidió anular resoluciones firmadas por el camarista Alejandro Fernández, quien no se excusó a pesar de mantener una sociedad comercial con Andrés Leonelli, el juez investigado por presunta tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. La Fiscalía reclama que se perite el segundo celular secuestrado y se conforme un nuevo tribunal.

A través de un comunicado oficial, el organismo internacional pidió aclaraciones sobre medidas que podrían afectar la autonomía de los tribunales. El Ejecutivo aún no respondió y solicitó una prórroga para presentar su descargo.