Polo Sur
El secretario legislativo del Concejo Deliberante de Río Grande, Walter Garay Schon, renunció a su cargo en el Parlamento local tras hacerse pública una denuncia por violencia familiar en su contra, que tramita en la Justicia fueguina hace poco más de dos meses.
Protegido todo este tiempo por el bloque de FORJA que conforman los concejales Federico Runin y Lucía Rossi, el ex funcionario no tuvo más remedio que dejar su cargo a partir de la difusión radial de detalles de la causa que tramita el Juzgado de Minoridad y Familia 2 del Distrito Norte.
La denuncia había sido radicada en el Juzgado de Minoridad y Familia 2 del Distrito Norte a cargo de la Dra. Marina Paola Montero. Dada la sensibilidad del caso, se desconocen los detalles que motivaron la denuncia.
Desde el momento del inicio de la causa hasta la fecha, la situación se manejó con total hermetismo por parte del bloque de FORJA en el Concejo Deliberante de Río Grande, Tanto Runin como Rossi se mostraron renuentes a desplazar preventivamente de su cargo al denunciado, hasta tanto aclare la situación judicial a partir de una causa sensible ante la opinión pública. Incluso Garay Schon -aun en funciones- evitó hacerse presente en la sesión que el Parlamento riograndense celebró la semana pasada, para evitar la exposición pública.
La situación se volvió insostenible para FORJA. Máxime si se tiene en cuenta que Lucía Rossi preside la comisión de Políticas de Género, Promoción Social y Desarrollo Humano del Concejo Deliberante de Río Grande en una evidente contradicción que pone además de relieve como las causas nobles, muchas veces puedne verse afectadas por los intereses políticos.
Garay Schon fue designado secretario legislativo por FORJA en diciembre de 2023 y responde directamente a Runin. Anteriormente se había desempeñado como secretario de Coordinación Política del Gobierno fueguino durante el primer mandato de Gustavo Melella, con trato directo con organizaciones sindicales y gremiales.
Con récord de semanas sin clases normales, jornadas reducidas y datos oficiales que el Gobierno provincial se niega a transparentar, Tierra del Fuego cierra uno de los peores ciclos lectivos de su historia. Mientras tanto, otras provincias como Santa Fe lograron garantizar 185 días de clases mediante acuerdos que premia EL PRESENTISMO y la continuidad pedagógica, dejando en evidencia que la crisis educativa fueguina no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas.
La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
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