
La Justicia desestima demanda por agresión en un boliche de Palermo
PoloSur
La sentencia se originó a partir de un episodio que, según la demanda, ocurrió durante la madrugada del 14 de diciembre de 2013. El demandante, que en ese momento tenía 37 años, sostuvo que había asistido al boliche y que se encontraba cerca de una división de vidrio entre el sector VIP y la pista central cuando fue agredido. Según su versión, alrededor de las 4:30, una persona corrió hacia él y le dio un golpe en el pómulo derecho con un objeto punzante, lo que le causó un corte profundo y lo hizo caer al suelo. Posteriormente, otro individuo le propinó un golpe en la boca, provocándole heridas en los labios superior e inferior.
El demandante afirmó que, tras el ataque, salió del sector donde había ocurrido el supuesto ataque para pedir ayuda debido a la hemorragia que presentaba. Dijo que empleados del local lo llevaron a una sala próxima a la entrada, donde le colocaron hielo, y que allí fue atendido por una persona a la que identificó como médico del establecimiento. La demanda también señaló que se solicitó una ambulancia y que un móvil de una empresa de emergencias médicas llegó al boliche para asistirlo. Según el relato, el reclamante pidió al personal de seguridad que identificara a los agresores y llamara a la Policía, pero recibió como respuesta que esas personas ya habían sido expulsadas del lugar.


Ante esa situación, el demandante sostuvo que contactó a su padre, quien lo trasladó a la guardia de un hospital, donde le suturaron las heridas. Con esos antecedentes, inició una acción por daños y perjuicios contra la firma que explotaba el local nocturno y reclamó una indemnización por las consecuencias físicas y extrapatrimoniales que atribuyó al episodio. La empresa demandada negó que el hecho hubiera ocurrido en sus instalaciones y cuestionó que el relato no identificara a los presuntos agresores ni a las personas a quienes se les habría pedido ayuda. Además, la compañía desconoció que el médico mencionado por el reclamante trabajara en el establecimiento o tuviera algún vínculo con la compañía.
La Justicia, tras evaluar las pruebas presentadas, concluyó que no se había demostrado que la agresión denunciada hubiera ocurrido dentro del boliche, lo que llevó al rechazo de la demanda. Asimismo, el fallo también desvinculó a la compañía aseguradora citada en el expediente, considerando que la póliza excluía hechos de violencia entre terceros ajenos al personal del lugar. De esta manera, el tribunal determinó que no había fundamento para la indemnización reclamada por el demandante, quien, tras la resolución, se enfrentó a la obligación de afrontar las costas del proceso judicial.
La aseguradora reconoció que existía una póliza de responsabilidad civil contratada por el local en el momento de los hechos denunciados. Sin embargo, solicitó ser excluida del proceso argumentando que el contrato no cubría lesiones derivadas de riñas, peleas, trifulcas, avalanchas u otros episodios de violencia similares, a menos que se demostrara la participación de empleados o dependientes del asegurado.
El Juzgado Nacional en lo Civil n.° 41 aceptó el planteo de la aseguradora, entendiendo que la propia descripción incluida en la demanda atribuía los golpes a terceras personas no identificadas, sin señalar la intervención del personal del boliche. Por este motivo, el tribunal resolvió que el siniestro no estaba cubierto por la póliza y desvinculó a la aseguradora de la causa. Las costas de esta discusión fueron distribuidas por su orden.
En su análisis sobre el fondo del caso, el magistrado destacó que la relación entre una persona que asiste a un local bailable y la empresa que lo explota está regulada por las normas de defensa del consumidor. Este régimen impone a los prestadores la obligación de ofrecer condiciones de seguridad adecuadas a quienes utilizan sus servicios.
La sentencia aclaró, no obstante, que esta protección no exime a quien reclama una reparación de demostrar que el hecho efectivamente ocurrió y que existe una conexión entre ese episodio y los daños invocados. En otras palabras, el tribunal sostuvo que las normas favorables a los consumidores no permiten suponer, sin pruebas suficientes, que una agresión tuvo lugar dentro de un comercio.
En este contexto, el fallo observó que el demandante había propuesto como testigos a los dos médicos que, según su relato, lo atendieron esa madrugada dentro del boliche. Sin embargo, posteriormente desistió de esas declaraciones. Además, no impulsó medidas para demostrar que uno de esos profesionales trabajaba para la demandada ni solicitó informes a la empresa de emergencias sobre la supuesta asistencia de una ambulancia en el lugar.
La documentación médica que se incorporó al expediente demostró que el reclamante recibió atención por lesiones en la cara; sin embargo, el juzgado determinó que dichos registros no podían vincularse con el incidente denunciado. Un sanatorio reportó una consulta realizada el 3 de febrero de 2014, más de dos semanas después de la fecha indicada en la demanda, que era el 14 de diciembre de 2013. Por otro lado, otra clínica registró una atención el 3 de junio de ese mismo año debido a una agresión en la vía pública, lo que generó dudas sobre la relación temporal entre las lesiones y el hecho denunciado.
También se revisaron registros de una empresa de emergencias que documentaban atenciones en domicilios y mencionaban una agresión o un intento de robo. Para el tribunal, esos antecedentes no fueron suficientes para confirmar que los golpes se hubieran producido en el boliche durante la madrugada del 14 de diciembre de 2013. La sentencia indicó que estas constancias, que incluían detalles sobre las circunstancias de las atenciones, tampoco fueron impugnadas por la parte demandante, lo que debilitó su posición en el juicio.
Los testimonios proporcionados por la empresa tampoco lograron reconstruir el hecho de manera efectiva. Una trabajadora explicó que, en caso de que ocurriera una situación inusual, el personal del lugar podía enterarse de lo sucedido, y mencionó que había un médico disponible para asistir a personas lesionadas. Sin embargo, dejó en claro que no fue testigo del episodio en cuestión, lo que limitó su capacidad para aportar información relevante. Otro testigo, por su parte, solo afirmó haber escuchado comentarios sobre un altercado años después, sin especificar fechas, protagonistas ni circunstancias, lo que resultó insuficiente para corroborar la versión del demandante.
Con este panorama probatorio, el juzgado concluyó que no existían elementos suficientes para demostrar que el demandante se encontrara en el local a la hora indicada ni que hubiera sido agredido dentro del establecimiento. Por lo tanto, desestimó la demanda contra la empresa explotadora y le impuso las costas del proceso al reclamante, quien deberá afrontar los gastos judiciales. La regulación de honorarios quedó pendiente hasta que la resolución adquiera firmeza y se establezca el monto del juicio, lo que podría prolongar aún más el proceso para el demandante.
Un hombre alegó que perdió el control debido a la presencia de barro y piedras en una senda peatonal ubicada en la zona norte. En su reclamo, solicitó una indemnización por incapacidad, gastos médicos, tratamiento kinesiológico, daño psicológico y consecuencias no patrimoniales. No obstante, la Justicia determinó que no existían pruebas suficientes para respaldar su demanda.
En relación al ARA San Juan, la Cámara de Casación avanza en la revisión del fallo y se prevé que la audiencia se realice en diciembre. El expediente ha sido asignado a la vocalía de Javier Carbajo, quien preside la Sala IV y es responsable del primer voto. Los magistrados deberán analizar los recursos presentados contra la condena de Claudio Villamide y las absoluciones de otros tres ex altos mandos de la Armada, en el contexto del hundimiento del submarino.
En la causa AMIA, la Cámara Federal ha convocado a una audiencia para abordar los argumentos centrales que cuestionan la hipótesis iraní, en respuesta a las apelaciones contra la resolución de Daniel Rafecas, que involucra a iraníes y libaneses en la investigación.
Un hombre que adquirió un vehículo 0 km hace 18 años, ha denunciado que el auto presentó fallas poco tiempo después de su compra, lo que llevó a la Justicia a ordenar el pago de una indemnización. El propietario reportó vibraciones, ruidos y problemas de alineación en el automóvil que compró nuevo en 2008. Llevó el vehículo al servicio técnico oficial en al menos ocho ocasiones entre agosto de ese año y abril de 2009. Una pericia posterior reveló una vibración anormal en la parte trasera y sugirió una posible falla técnica de fábrica.
Fuente original: Infobae Judiciales.


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