El TSJ de Buenos Aires actualiza indemnización laboral según la reforma de Javier Milei

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) ha decidido que la indemnización otorgada a una ex empleada del Banco Hipotecario se ajuste a las disposiciones de la Ley de Modernización Laboral, vigente desde marzo de este año. Esta resolución modifica el cálculo de los intereses y la compensación por la pérdida de valor del dinero, lo que podría tener implicaciones significativas para futuros casos laborales.
Actualidad18/11/2026PoloSurPoloSur

La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, mientras que Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz expresaron su disidencia. Es importante señalar que esta resolución no anula la condena por despido, sino que modifica la fórmula que se aplicará para calcular las sumas que deben abonar las empresas demandadas, lo que implica un cambio en la forma en que se calculan las indemnizaciones en el ámbito laboral.

El caso se originó a partir de la demanda presentada por María Laura Souto, quien alegó haber comenzado su relación laboral con el Banco Hipotecario el 28 de marzo de 2005 a través de una empresa contratista. Souto argumentó que su verdadera relación laboral fue registrada oficialmente solo el 20 de noviembre de 2006. Tras no lograr el reconocimiento de su antigüedad, se consideró despedida en marzo de 2017, lo que llevó a la presentación de su demanda ante la Justicia laboral.

La Justicia laboral falló a favor de Souto, condenando solidariamente al Banco Hipotecario y a Aegis Argentina S.A., sucesora de Actionline de Argentina, a pagar indemnizaciones y otros conceptos salariales. Posteriormente, la Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó lo esencial de esta decisión y determinó que los créditos debían actualizarse utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, más un interés anual del 3%, lo que estableció un precedente en la actualización de indemnizaciones laborales.

El Banco Hipotecario impugnó este procedimiento, argumentando que generaba un resultado desproporcionado y contravenía la legislación que prohíbe la indexación. Para sustentar su posición, citó los fallos “Oliva” y “Lacuadra” de la Corte Suprema. Después de que la Cámara rechazara su recurso de inconstitucionalidad, el banco presentó una queja ante el TSJ, lo que llevó a que el tribunal revisara el caso y su impacto en el cálculo de indemnizaciones.

Así, la controversia que llegó al máximo tribunal de la ciudad se centró en la forma de actualizar una indemnización cuyo pago había sido reconocido judicialmente, pero que continuaba pendiente mientras se desarrollaban las diferentes instancias del proceso. La resolución del TSJ podría sentar un precedente importante en la interpretación de la Ley de Modernización Laboral y su aplicación en casos similares en el futuro.

El 6 de marzo de este año, comenzó a regir la Ley 27.802 de Modernización Laboral, impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso a finales de febrero. Esta reforma introdujo cambios en varios aspectos de las relaciones laborales, incluyendo la registración de empleados, la organización de las jornadas laborales, el régimen de indemnizaciones y la negociación colectiva. Además, la ley contempló mecanismos para financiar indemnizaciones a través de fondos de asistencia laboral y estableció nuevas reglas para la actualización de los créditos que se reclaman judicialmente. Este último punto se volvió crucial para resolver la demanda presentada contra el banco.

En particular, el artículo 55 de la ley estableció un esquema transitorio para los juicios laborales que no contaban con una sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de la norma, incluyendo aquellos casos que tenían recursos pendientes de resolución. Para estos expedientes, la disposición indica que los créditos deben ser calculados utilizando la tasa pasiva fijada por el Banco Central, aunque con límites diseñados para mantener el resultado dentro de ciertos valores. De esta manera, el monto actualizado no puede exceder el que resultaría de aplicar la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés del 3% anual. Asimismo, no puede ser inferior al 67% de esa misma referencia. Por lo tanto, la norma establece un rango en el cual debe situarse la suma resultante.

Ante este cambio legislativo, la parte demandante cuestionó la constitucionalidad del nuevo sistema. Argumentó que la aplicación de la reforma a expedientes iniciados antes de su implementación reducía injustificadamente el valor de los créditos laborales y afectaba derechos fundamentales como la propiedad, la igualdad y la protección del trabajo. Sin embargo, la mayoría del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires desestimó la impugnación. Los jueces De Langhe y Otamendi consideraron que el Congreso tiene la facultad de establecer mecanismos diferentes para situaciones jurídicas distintas, siempre que dicha diferenciación no sea arbitraria ni discriminatoria.

Al exponer su criterio, los magistrados afirmaron: “La mera previsión legal de dos criterios de actualización diversos aplicables a contextos fácticos y jurídicos diferentes no entraña una afectación al principio de igualdad, en tanto no se acredite fundadamente que, en un caso concreto, esta distinción arroja un resultado discriminatorio”.

Asimismo, los magistrados consideraron que el límite mínimo del 67% era compatible con la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a la protección del patrimonio, haciendo especial referencia al precedente “Vizzoti”, que aborda los límites constitucionales de ciertas restricciones económicas sobre las indemnizaciones laborales.

La jueza Weinberg, por su parte, se alineó con la decisión mayoritaria y subrayó que la demandante no había logrado demostrar de manera suficiente que la aplicación de la nueva fórmula provocara, en su caso específico, una afectación a la normativa constitucional. En este contexto, sostuvo que “la afirmación de que el porcentaje legal ocasiona una disminución patrimonial significativa no basta para justificar una declaración de inconstitucionalidad”.

Para resolver la controversia, los magistrados también tomaron en cuenta el reciente fallo de la Corte Suprema en “Cabana Opanasiuk”, emitido el 5 de noviembre, que recordó la importancia de considerar los cambios legislativos que se producen durante la tramitación de un expediente.

En cuanto a los argumentos de la disidencia, Lozano y Ruiz coincidieron en que era necesario revisar la sentencia laboral, pero se distanciaron de sus colegas en lo que respecta a la validez constitucional del artículo 55. En su voto, señalaron que la utilización de la tasa pasiva podría resultar en una actualización insuficiente frente a la inflación acumulada desde el despido.

Para sustentar su postura, compararon diferentes indicadores entre marzo de 2017 y agosto de 2026, observando que mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había aumentado un 11.980,96%, la tasa pasiva del Banco Central mostraba un interés del 5.930,88%. A partir de esta discrepancia, argumentaron que el nuevo régimen introducía un tratamiento desfavorable para los trabajadores que habían iniciado sus reclamos antes de la reforma, en comparación con otros acreedores que podían acceder a mecanismos de actualización más ventajosos.

En relación a este punto, los magistrados afirmaron que “se trata de una distinción que no puede ser conciliada con la igualdad entendida como derecho fundamental”. Por lo tanto, propusieron declarar inconstitucional el artículo 55 y utilizar, en su lugar, la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del Banco Central, que consideraron más apropiada para compensar los perjuicios ocasionados por la demora en el pago.

En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con una votación de tres a dos, desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por Souto. Asimismo, revocó la decisión de la Cámara del Trabajo en relación con el método de cálculo de la actualización y los intereses. El tribunal ordenó que se aplique el artículo 55 de la Ley 27.802, que establece criterios específicos para la determinación de indemnizaciones por despido.

Las actuaciones ahora deberán ser devueltas a la instancia de origen para que se continúe con el trámite de acuerdo a lo que ha sido establecido por la mayoría del tribunal. Este fallo marca un precedente importante en la interpretación y aplicación de la reforma laboral impulsada por el actual gobierno.

En otras noticias, se clausuraron un lubricentro y un lavadero en Río Gallegos que están vinculados al empresario Lázaro Báez. Ambos establecimientos son considerados como puntos operativos en un esquema de blanqueo de activos relacionados con Báez, quien enfrenta acusaciones de realizar negocios con bienes que han sido embargados por la justicia. En este contexto, el Ministerio Público Fiscal deberá asegurarse de proteger el ganado de las estancias que fueron objeto de allanamientos en la provincia de Santa Cruz mientras la investigación continúa.

Por otra parte, el exjuez Marcelo Bailaque se enfrentará a un único juicio oral que unificará tres causas en su contra por presunta corrupción. La Cámara Federal de Rosario decidió agrupar las acusaciones que incluyen extorsión, lavado de dinero y decisiones judiciales que habrían beneficiado a individuos relacionados con el narcotráfico. En este caso, la Fiscalía solicitará una pena de diez años de prisión.

Además, en el ámbito judicial, Comodoro Py se encuentra en proceso de preparación para implementar el sistema acusatorio. Se llevó a cabo una reunión en el segundo piso de los tribunales federales de Retiro, donde los cinco miembros de la Cámara Federal porteña dialogaron con jueces federales de primera instancia. La reunión contó con una asistencia completa y duró poco más de una hora.

Finalmente, la Justicia ha decidido suspender el descuento del 20% que la ANSES aplicaba a la pensión de privilegio de Cristina Kirchner. Esta resolución judicial confirmó la vigencia de una medida cautelar que restituye el beneficio que recibe como viuda de Néstor Kirchner. A partir del próximo mes, la expresidenta verá un incremento en su pensión, que ascenderá a aproximadamente tres millones de pesos más.

En otro orden de cosas, Abel Furlán, exlíder de la Unión Obrera Metalúrgica, ha rechazado las acusaciones de delitos en relación con la firma de un contrato millonario. Furlán ha solicitado ser sobreseído, argumentando que no existió incompatibilidad en el rol de Soledad Calle, una empleada y vecina de Cristina Fernández de Kirchner.

Fuente original: Infobae.

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