
La Corte Suprema determina que la causa Dagatti continúe en Córdoba
PoloSur
En un fallo emitido por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal del país decidió que la justicia provincial de Córdoba mantenga la conducción de la causa que involucra al empresario Alicio Dagatti, propietario del frigorífico Livorno SA. La Corte ordenó que las actuaciones sean enviadas al Juzgado de Control y de Faltas N° 7 de la ciudad de Córdoba, respaldando así el dictamen del procurador general de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal, quien había argumentado a favor de que la causa permaneciera en el ámbito provincial.
Esta decisión representa un importante revés para la estrategia de defensa encabezada por Germán Garavano, exministro de Justicia de la Nación y exasesor del Poder Judicial de Córdoba, quien había promovido el pase del expediente a la órbita de la justicia federal. La causa se centra en la acusación de que Dagatti vendió carne en mal estado a instituciones penitenciarias, lo que ha generado un amplio interés público y un debate sobre la seguridad alimentaria en el contexto de las cárceles.


En su dictamen, el procurador Casal abordó el conflicto de competencia entre la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal y el juzgado provincial. Casal enfatizó que los delitos principales en cuestión, como la asociación ilícita y el tráfico de mercaderías peligrosas para la salud, son de competencia de la jurisdicción ordinaria provincial. Esto se debe a que los delitos imputados tienen un impacto directo en la salud pública y deben ser tratados en el ámbito correspondiente.
En relación a los presuntos delitos vinculados a la Ley de Estupefacientes, el procurador detalló que el único hecho acreditado en la causa, que ocurrió el 26 de diciembre de 2023, involucró el hallazgo de 1.775 gramos de marihuana y 9 gramos de cocaína escondidos bajo una media res en un camión que ingresaba al Complejo Carcelario de Bouwer. Este caso ya fue juzgado por la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, donde el chofer Néstor Roberto Lucero fue condenado por narcomenudeo. Por lo tanto, Casal concluyó que no hay elementos objetivos que justifiquen el desplazamiento de la investigación al fuero federal, reafirmando la competencia de la justicia provincial en este asunto.
La causa principal involucra a los empresarios Alicio Osvaldo Dagatti y Alicio Ignacio Dagatti, quienes son los propietarios de Livorno S.A., así como a Luis María Mina, director de la empresa, Ramón Alexis Farías, un funcionario del complejo carcelario, y Maximiliano Gastón Irusta, empleado de transporte. La situación se desató en diciembre de 2023, cuando se descubrió que un camión, destinado a proveer carne al complejo penitenciario de Bouwer, transportaba elementos prohibidos ocultos entre las medias reses. Desde ese momento, el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, tomó intervención en el caso, al igual que el Juzgado de Control N°7, que está bajo la dirección de José Milton Peralta. Paralelamente, se registró un desglose relacionado con narcotráfico en la fiscalía especializada de Paulina Lingua.
Según las actuaciones del Juzgado de Control N° 7, la dirección de Livorno S.A. enfrenta acusaciones por haber organizado una agrupación ilícita destinada a introducir elementos prohibidos en la cárcel de Bouwer. Estos elementos incluyen teléfonos celulares, accesorios, bebidas alcohólicas y drogas, que eran transportados en los camiones encargados de llevar carne al penal. Además, se les imputa haber suministrado de manera sistemática productos cárnicos en mal estado, en complicidad con el ecónomo del módulo penitenciario. A pesar de que en enero de 2025 la defensa de los Dagatti presentó un pedido de inhibitoria para trasladar el caso a la justicia de excepción, argumentando supuestas violaciones de carácter federal, la decisión final del máximo tribunal confirmó la competencia del fuero ordinario cordobés para juzgar los hechos.
Fuente original: Perfil.


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