La destitución de Santiago Peña desata protestas en Paraguay

El pasado viernes, miles de ciudadanos paraguayos se congregaron en Asunción para celebrar la destitución de Santiago Peña, quien fue destituido por el Senado. Sin embargo, la alegría inicial rápidamente se tornó en enojo entre aquellos que esperaban un cambio radical en la administración. “Que se vayan todos”, gritaban cientos de manifestantes frente al Congreso, mientras el vicepresidente Pedro Alliana asumía la presidencia del país.

La noticia de la destitución de Peña, de 47 años, provocó júbilo al conocerse que dejaba el cargo sin fueros y que, horas después, sería detenido en su domicilio. Se le acusa de lesión de confianza relacionada con la caída de Ueno Bank, una entidad que contaba con más de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. A pesar de la celebración, muchos de los manifestantes, en su mayoría jóvenes, dirigieron su descontento hacia todo el Gobierno del Partido Colorado. Permanecieron en vigilia en el centro de la capital, ondeando banderas y portando carteles y tambores. “Si siguen los mismos, no hay cambio”, “Queremos cárcel” y “¿Dónde está la plata?” eran algunas de las consignas que se leían en sus pancartas.

“El pueblo sigue acá hasta que se vayan todos”, declaró Celicia Lugo a la agencia EFE, quien considera que Peña y Alliana “son lo mismo”. Milda Cuevas, otra manifestante, celebró la destitución y afirmó que el nuevo Gobierno será “más de lo mismo”, ya que solo se irá Peña, mientras que el resto permanecerá. Además, pidió que el expresidente “sea juzgado” y “vaya a la cárcel”. Para Andrea Gutiérrez, la caída de Ueno Bank “fue solamente una manifestación” de lo que considera un saqueo continuado hacia los ciudadanos.

La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank, que había recibido significativos fondos de entidades públicas durante el mandato de Peña, y congeló sus depósitos. Entre los afectados se encuentran aproximadamente 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social, según informó EFE.

Con el objetivo de mitigar la creciente insatisfacción social, Alliana, tras asumir su cargo, declaró que se brindará una compensación completa a los perjudicados por el cierre del banco, aunque no especificó los mecanismos que se implementarán para llevar a cabo esta promesa.

La normativa vigente garantiza que los depósitos están protegidos hasta un monto equivalente a 75 salarios mínimos, lo que representa aproximadamente 228 millones de guaraníes por cada depositante afectado.

Fuente original: MercoPress Política.