PoloSur
Juan Sebastián Chamorro, un destacado líder opositor nicaragüense que fue desnacionalizado, denunció que entre 2020 y abril de 2026, el Estado de Nicaragua ha transferido un total de 110 propiedades confiscadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Chamorro, quien fue uno de los 222 presos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos en febrero de 2023, perdió su nacionalidad y sus bienes en ese proceso. En este contexto, el exrecluso político solicitó a S&P Global Ratings que considere estas transferencias al momento de evaluar el riesgo de inversión en Nicaragua, especialmente tras el reciente aumento de la calificación soberana del país de B+ a BB- con perspectiva estable.
El opositor criticó que la mejora en la calificación crediticia no tenga en cuenta, según su perspectiva, los cambios institucionales, jurídicos y normativos que impactan negativamente en el clima de inversión. Chamorro también expresó su preocupación por la falta de una aplicación justa y confiable del Estado de derecho, así como por la ausencia de condiciones previsibles para las empresas que operan en Nicaragua, un país gobernado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, destacó que la relación más estrecha con Irán, que incluye acuerdos de cooperación, ha añadido una nueva dimensión geopolítica al riesgo país.
Chamorro advirtió que posibles cambios en las sanciones y en la política comercial de Estados Unidos podrían tener repercusiones sobre los inversionistas y las instituciones financieras, a través de restricciones que afectarían tanto a nivel bancario como comercial y reputacional. En cuanto a la propiedad privada y las garantías legales, el economista subrayó que la declaración sobre el clima de inversión en Nicaragua para 2026, emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 6 de octubre, aconsejó a los inversionistas actuar “con extrema precaución”. Según Chamorro, esta evaluación refleja un deterioro institucional que va más allá del riesgo político convencional, afectando la seguridad de la inversión privada, el cumplimiento de contratos y la previsibilidad de las operaciones comerciales.
Chamorro, quien también se desempeñó como exviceministro de Hacienda y Crédito Público y exsecretario técnico de la Presidencia, identificó cinco factores que, a su juicio, deberían ser considerados por S&P Global Ratings. El primero de estos factores es el deterioro de los derechos de propiedad y el aumento de las confiscaciones en el país.
El Departamento de Estado ha documentado que entre 2020 y abril de 2026 se han transferido 110 propiedades confiscadas al Instituto de la Seguridad Social de Nicaragua, además de otras transferencias de activos incautados a diversas instituciones públicas, según lo señalado por Chamorro. Este dirigente también indicó que se han implementado cambios legales que afectan a los inmuebles ubicados en zonas fronterizas, y que diversas instituciones estatales han sido empleadas para formalizar estas incautaciones.
Chamorro expresó que estas medidas generan incertidumbre respecto al riesgo de expropiación, la seguridad de los títulos de propiedad, la protección de las garantías y la disponibilidad de recursos legales efectivos. Esta advertencia está dirigida a empresas y actores financieros que están considerando realizar inversiones o que ya mantienen operaciones en Nicaragua.
Entre los otros factores que Chamorro mencionó se encuentran la concentración del poder y el debilitamiento de la independencia del poder judicial, así como la expansión del control estatal sobre la inversión extranjera y la aplicación arbitraria de normas fiscales y regulaciones. El dirigente subrayó que estos aspectos deben ser evaluados con precaución y no bajo la suposición de que nuevas medidas son inevitables.
En relación con la situación política, se destaca que España ha concedido la nacionalidad a Félix Maradiaga, un opositor nicaragüense que fue expulsado por el régimen de Daniel Ortega. El Boletín Oficial del Estado español incluyó a Maradiaga entre varios beneficiarios de esta medida excepcional, a través de una carta de naturaleza que permite al Ejecutivo otorgar este estatus fuera de las normas generales.
Por otro lado, la Internacional Socialista ha condenado las acciones del régimen de Ortega y Murillo, señalando la extensión del mandato presidencial a siete años, la abolición de elecciones y la detención de 72 opositores. Una resolución aprobada en Montevideo exige el restablecimiento de la competencia democrática en Nicaragua, en un contexto donde la reforma constitucional impulsada por el oficialismo ha eliminado los comicios y ampliado el período presidencial, mientras que muchos críticos permanecen encarcelados o desaparecidos.
Además, se ha informado sobre el cierre de empresas en zonas francas y el impacto del fenómeno de El Niño, factores que podrían frenar la economía de Nicaragua en 2026. Un informe anticipa que la actividad económica avanzará este año por debajo de lo esperado y advierte que los daños climáticos podrían ser más evidentes en 2027, afectando la agricultura y los ingresos rurales.
Finalmente, Estados Unidos ha renovado por un año la emergencia nacional que permite mantener las sanciones contra el régimen de Nicaragua, en un contexto de creciente preocupación por la situación política y económica del país.
La medida, comunicada a través de avisos del Registro Federal, amplía hasta noviembre de 2027 las facultades de la administración estadounidense para congelar activos y restringir transacciones de individuos o entidades que se encuentren bajo estas disposiciones.
La co-dictadora Rosario Murillo defendió la exclusión de opositores a quienes se les ha retirado la nacionalidad nicaragüense. La funcionaria oficialista sostuvo que el gobierno ha recuperado el derecho a eliminar influencias negativas, a pesar de que cientos de ciudadanos, incluidos periodistas y defensores de derechos humanos, han perdido su ciudadanía como resultado de las decisiones del régimen.
Fuente original: Infobae.
