PoloSur
El jueves, Santiago Peña, presidente de Paraguay, anunció su renuncia al cargo, presionado por la crisis que enfrenta Ueno Bank. La decisión fue tomada en un contexto complicado, ya que la Cámara de Diputados aprobó casi de inmediato, por unanimidad, el inicio de un juicio político en su contra. Esta medida busca impedir que, al dejar la presidencia, Peña pueda acceder a un escaño de senador vitalicio que le otorgaría fueros y protección judicial. La resolución final sobre su destitución dependerá del Senado.
En un video publicado en sus redes sociales, Peña expresó: “He tomado la decisión de presentar la renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”. Además, hizo hincapié en su deseo de que se garantice la devolución de los recursos de los casi tres millones de clientes cuyos ahorros han sido congelados en el banco. La renuncia fue formalizada ante el Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera, alrededor de las 13:30.
Menos de una hora después de la formalización de la renuncia, los 78 diputados presentes en la sesión aprobaron la acusación para el juicio político, que ahora se trasladará al Senado. Para destituir al presidente, se requerirá una mayoría de dos tercios en la cámara alta. En contraste, la Cámara de Diputados decidió no avanzar con el juicio político contra el vicepresidente, Pedro Alliana, quien asumiría la presidencia hasta el final del mandato, programado para el 15 de agosto de 2028.
La situación también tiene implicaciones constitucionales. Según la Constitución paraguaya, es responsabilidad del Congreso aceptar o rechazar la renuncia del presidente. Si el Congreso acepta la renuncia, Peña pasaría a ser senador vitalicio, lo que le otorgaría inmunidad parlamentaria. Sin embargo, si el Senado lo destituye a través del juicio político, perdería esa protección. Una sesión del Congreso convocada para tratar la renuncia fue suspendida por falta de quórum, lo que significa que, por el momento, Peña sigue siendo el presidente formalmente, según informa el diario argentino La Nación.
La renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay se produjo tras la pérdida de apoyo de su propio partido. El expresidente Horacio Cartes, quien preside el Partido Colorado y había sido su principal aliado político durante años, respaldó el juicio político en su contra. Cartes manifestó: “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”. De acuerdo con el diario El País, la Fiscalía ha comenzado un proceso contra Peña, mientras que legisladores de la oposición han ampliado una denuncia penal que incluye acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias, que también involucra al ministro de Economía, Óscar Lovera, al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y a otros funcionarios. Hasta el momento, no se ha formalizado ninguna imputación contra el presidente.
La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central tomó la decisión de intervenir Ueno Bank, la entidad digital más grande del país, debido a su insolvencia y a la concesión de préstamos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios, el Grupo Vázquez. Esta intervención resultó en la congelación de los depósitos del banco, que incluían cientos de millones de dólares pertenecientes a fondos públicos y del sistema de pensiones. Como consecuencia, el presidente del banco y otros directivos fueron arrestados. Miles de ahorristas se manifestaron en las calles de Asunción, exigiendo la devolución de sus ahorros y la renuncia de Peña. En respuesta, el miércoles, el presidente promulgó una ley para adelantar el pago de la garantía de depósitos y propuso a Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central, aunque estas medidas no lograron detener la crisis.
Carlos Carvallo, quien fue designado por Peña como presidente del Banco Central en 2023, había ocupado previamente el cargo de director ejecutivo de Ueno Bank. Además, Peña había sido accionista de Ueno Holding hasta abril de 2025. En los días previos a la intervención del banco, el legislador Alliana había manifestado públicamente su distanciamiento del presidente. Peña, un economista de 47 años que asumió la presidencia en agosto de 2023, se convierte en el segundo presidente paraguayo en enfrentar un juicio político desde el retorno a la democracia en 1989, siendo el primero Fernando Lugo, quien fue destituido por el Senado en un proceso exprés en 2012.
Fuente original: MercoPress Economía.
