PoloSur
La familia de Brenda del Castillo ha interpuesto una medida cautelar urgente ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, dirigido por Jorge Rodríguez, con el objetivo de detener la difusión de un video que documenta las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, quien es una de las tres víctimas del triple crimen narco ocurrido en Florencio Varela. En el escrito, se solicita que el material sea retirado de sitios web y plataformas, que se impida su posible republicación y que se investigue cómo logró circular fuera del expediente judicial.
A través del abogado Fernando Burlando, la familia de Brenda ha pedido que la Justicia prohíba a medios de comunicación, portales, redes sociales y cualquier individuo la publicación, reproducción o exhibición del video, así como de audios, fotogramas y transcripciones relacionadas con las víctimas. El pedido abarca todo registro que las muestre "en situación de cautiverio, sometimiento o muerte".
La cautelar también exige que plataformas como Meta, Google, TikTok y Telegram eliminen y bloqueen el contenido en un plazo de 24 horas, además de resguardar los datos de las cuentas que lo subieron o replicaron. Entre la información solicitada se encuentran las direcciones IP, las fechas y horarios de carga, así como la identidad de los titulares de las cuentas involucradas.
El planteo, al que tuvo acceso Infobae, incluye un pedido de desindexación para que los buscadores no dirijan a los usuarios hacia publicaciones que hayan difundido el video. La grabación fue encontrada en el teléfono de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, conocido como “Roger”, un ciudadano peruano que se encuentra detenido en una causa por narcotráfico que se tramita en San Isidro. El celular fue analizado con el software forense UFED y el material fue incorporado a la investigación sobre el asesinato de Brenda, Lara y Morena Verdi, ocurrido el 18 de septiembre del año pasado.
Tras la divulgación del video por parte de un medio de comunicación, la querella ha subrayado que la circulación pública de este contenido agrava el daño para los familiares de las víctimas y representa una revictimización.
En el escrito presentado, el abogado Fernando Burlando solicitó que se investigue el origen de la difusión del video relacionado con el caso. Además, pidió información sobre las copias del video que existen, las personas que han tenido acceso a dicho material, las medidas de seguridad implementadas para su resguardo y la cadena de custodia del teléfono donde fue hallado.
En consonancia con lo anterior, Burlando exigió que se refuercen las condiciones de resguardo del material audiovisual, estableciendo que solo las partes involucradas y los funcionarios necesarios para el avance de la causa puedan tener acceso al mismo. También solicitó que se lleve un registro detallado de cada consulta realizada al archivo.
En relación a las amenazas recibidas por la hermana de Brenda, la querella pidió que se le brinde custodia policial, un dispositivo de alerta, la reserva de su domicilio, la prohibición de contacto por parte de los imputados y que se evalúe su posible inclusión en el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.
Según se detalla en el escrito, las amenazas deben ser analizadas en el marco de una organización vinculada al narcotráfico, que cuenta con varios acusados detenidos y otros sospechosos que aún se encuentran prófugos. Por este motivo, se solicitó que la Justicia identifique las líneas telefónicas y cuentas desde las cuales se habrían enviado los mensajes amenazantes, así como que se preserven esos datos.
De manera paralela a la cautelar que debe ser resuelta por el juzgado, la Fiscalía Federal N°2 de Morón, bajo la dirección de Mariela Labozzetta, emitió un comunicado en el que instó a los medios de comunicación y profesionales del área a abstenerse de publicar videos e imágenes relacionadas con las víctimas del triple crimen. Esta medida busca evitar la revictimización de las jóvenes y sus familias, además de proteger el desarrollo de la investigación.
El Ministerio Público Fiscal subrayó que el expediente trata sobre hechos de violencia contra mujeres en un contexto de crimen organizado. Por esta razón, citó específicamente la Convención de Belém do Pará, la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género y la Ley 27.372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.
La Policía de la Ciudad llevó a cabo la detención de un adolescente y un hombre de 22 años tras observar que circulaban sin patente y no respetaban las señales de tránsito. El individuo fue liberado luego de haber herido a una mujer, pero fue arrestado nuevamente en menos de 24 horas por infringir una medida de restricción perimetral.
Este hombre había sido detenido el martes, acusado de agredir a una mujer y amenazar al propietario de un comercio. Al día siguiente, fue nuevamente aprehendido por desobedecer la orden judicial que le prohibía acercarse a la víctima.
En otro incidente, un grupo de ladrones realizó un boquete en una distribuidora ubicada en Misiones y sustrajo 14 millones de pesos. Según las primeras informaciones, los delincuentes actuaron durante la noche, y el dueño de la distribuidora se percató del robo alrededor de las seis de la mañana del miércoles.
Además, el ministro de Seguridad de Córdoba recibió amenazas de muerte, junto con una fotografía que mostraba armas. El mensaje fue enviado a una cuenta oficial de la Policía de Córdoba e incluía advertencias sobre su visita a Villa Boedo. Este caso está siendo investigado por la Fiscalía de Cibercrimen.
Fuente original: Infobae Sociedad.
