La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental se debate en el Senado

La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, que el Gobierno ha intentado aprobar durante varios meses, se discutirá este jueves en el Senado. Este debate se presenta en un contexto marcado por al menos dos controversias que podrían intensificarse en el recinto. La primera de ellas se centra en las incumbencias profesionales, dado que el dictamen de mayoría promovido por el Ministerio de Salud otorga mayor relevancia a los médicos y médicos psiquiatras, relegando a los psicólogos en el proceso de indicación para la internación involuntaria de pacientes. La segunda controversia gira en torno a la disputa presupuestaria entre las provincias y la Nación, relacionada con el financiamiento de las modificaciones propuestas en la ley.

Estos conflictos se reflejan en los dictámenes de mayoría y minoría que serán discutidos en la Cámara alta. Además, han generado diferencias entre los sectores que apoyan al Gobierno. La Libertad Avanza (LLA) logró reunir el respaldo de 14 senadores para impulsar la reforma, aunque algunos legisladores aliados, un total de cinco, han firmado el dictamen con disidencias, ya sea totales o parciales, en relación a los puntos mencionados anteriormente. A pesar de que el dictamen de minoría, presentado por senadores del bloque Convicción Federal, cuenta únicamente con tres firmas, las disidencias en el proyecto mayoritario sugieren que el debate sobre la reforma de la ley 26.657 podría experimentar idas y vueltas, ya que este tema se encuentra al final de la agenda del día.

La legislación actual establece que la atención en salud mental debe ser proporcionada por equipos compuestos por profesionales de diversas disciplinas, incluyendo psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería y terapia ocupacional. Para llevar a cabo una internación, se requiere la evaluación de dos profesionales de distintas disciplinas, de los cuales al menos uno debe ser psicólogo o médico psiquiatra. Esto implica que no es obligatorio que uno de los firmantes sea necesariamente médico, dado que la psiquiatría es una especialidad dentro de la carrera de Medicina.

El proyecto inicial presentado por el Ministerio de Salud proponía una modificación significativa al esquema vigente. En primer lugar, establecía que los equipos interdisciplinarios debían incluir de manera obligatoria a un médico psiquiatra. Además, para que se pudiera llevar a cabo una internación, uno de los dos profesionales que firmaran el documento debía ser necesariamente un psiquiatra. De esta manera, la propuesta otorgaba a esta especialidad médica una intervención que la normativa de 2010 no contemplaba en esos términos, lo cual se debió al cambio de paradigma que se promovió en su momento.

El dictamen de mayoría incorporó algunos cambios relevantes a la propuesta original. Aunque se mantuvo la exigencia de que un psiquiatra forme parte de los equipos, se reconoció la dificultad de contar con especialistas en las provincias y se habilitó un formato de intervención que podría resultar controvertido: la teleconsulta sincrónica. Asimismo, se flexibilizaron los requisitos para las internaciones, ya que en lugar de exigir la firma de un psiquiatra, se estableció que uno de los profesionales debía ser médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, mientras que el otro debía pertenecer a una disciplina diferente, preferentemente psicología. Esta diferencia es significativa.

En el proyecto original, se reservaba a los psiquiatras una participación obligatoria en la decisión de internar a un paciente. Sin embargo, el dictamen de mayoría permite que esta función pueda ser desempeñada por otros médicos, aunque mantiene el requisito de intervención médica y no restablece la equivalencia entre psicólogos y psiquiatras que existe en la ley actual. En cambio, sí se considera la participación del psicólogo en la evaluación y en el proceso de altas.

A diferencia del dictamen de mayoría, el dictamen de minoría sugiere conservar el esquema interdisciplinario que establece la ley vigente. En el caso de las internaciones involuntarias, se mantiene la exigencia de contar con dos profesionales de disciplinas distintas, uno de los cuales debe ser psicólogo o psiquiatra, sin que se imponga la obligatoriedad de que uno de ellos sea un médico formalmente.

La discusión sobre los recursos económicos necesarios para la implementación de la ley sigue siendo un tema candente en el debate.

Aunque es un tema ampliamente discutido, el aspecto relacionado con el presupuesto no debe ser subestimado. Los defensores de la ley de salud mental vigente, que fue sancionada en 2010, destacan la importancia del cambio de paradigma que se buscó en ese momento. En resumen, el objetivo era desmanicomializar, priorizando la interdisciplinariedad en la atención profesional, otorgar un lugar central a la voz del paciente y enfatizar su reinserción social. Aseguran que el fracaso de esta normativa se debió a que nunca se implementó adecuadamente, ya que jamás recibió el presupuesto necesario.

En los últimos años, la falta de aplicación de la ley, el desfinanciamiento y la gestión desigual del sector (que varía entre las provincias) han generado consecuencias severas para los pacientes y sus familias, quienes han comenzado a exigir cambios urgentes. Algunos sectores del actual oficialismo han recogido este desafío; en abril de este año, el ex vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno enviaría un proyecto de reforma a la ley vigente.

Medio año después, el Senado elaboró dos dictámenes que serán tratados este jueves, priorizando el promovido por LLA (si se aprueba, el otro no se debatirá). Sin embargo, el proyecto podría ser votado con modificaciones, dependiendo de lo que ocurra en la discusión, no en su totalidad, sino en artículos específicos.

La ley actual establece que el Estado nacional debe destinar progresivamente un mínimo del 10% del presupuesto total de salud a la salud mental. Esta disposición, contenida en el artículo 32, se mantiene en ambos dictámenes de reforma, pero lo que se debate es cómo asegurar que este compromiso se traduzca en recursos concretos para implementar los cambios, especialmente en las provincias, que son responsables de gran parte de la atención sanitaria.

Para comprender mejor la discusión, es útil comparar las diferentes versiones del proyecto. El texto original enviado por el Ministerio de Salud proponía modificar el artículo 41, que actualmente establece la cooperación técnica, económica y financiera entre la Nación y las provincias. En su lugar, se ha incluido una formulación general (considerada demasiado vaga por la comisión de salud) sobre la cooperación nacional para implementar la ley, sin especificar las modalidades de asistencia.

A pesar de que el oficialismo accedió a modificar la propuesta inicial y a mantener el artículo vigente, lo que facilitó el acercamiento de posturas con las provincias, el dictamen de minoría optó por ofrecer mayor claridad en la obligación general de cooperación económica y financiera. En este sentido, se sugirió la creación de un Plan Nacional de Salud Mental quinquenal, que se elabore con la participación del Consejo Federal de Salud (COFESA) y que contemple metas, indicadores, financiamiento y mecanismos de evaluación.

Además, se incorpora la obligación para el Ministerio de Salud, dirigido por Mario Lugones, de presentar anualmente al Congreso un informe público sobre la asignación y ejecución de los recursos destinados a la salud mental. Este aspecto resulta fundamental para los pacientes, especialmente considerando los 16 años transcurridos desde la sanción de la ley original. El informe deberá incluir información desagregada por provincia y detallar las transferencias nacionales. Es importante señalar que, aunque el dictamen de minoría establece más obligaciones y mecanismos de rendición de cuentas, no crea una partida presupuestaria específica para las provincias ni determina montos adicionales de financiamiento para el sector.

La demanda por mayores recursos económicos ha sido un tema recurrente entre los bloques que respaldan al Gobierno en el interior del país. En el contexto de las discusiones federales sobre la reforma, las provincias han manifestado la necesidad de contar con fondos suficientes para implementar una norma que requiere la conformación de equipos profesionales, dispositivos comunitarios y servicios especializados. Estas prestaciones implican inversiones y gastos permanentes que las jurisdicciones deberán afrontar.

En cuanto a otros aspectos relevantes de la ley de salud mental, los dictámenes revelan diferencias significativas sobre las garantías aplicables en los casos de internación involuntaria. Ambos dictámenes sustituyen el criterio actual de "riesgo cierto e inminente" por el de "riesgo grave", lo que podría alterar las condiciones bajo las cuales se autoriza una internación sin consentimiento.

Otra discrepancia se presenta en situaciones de urgencia, cuando se toma una medida excepcional sin contar inicialmente con una evaluación interdisciplinaria completa. El dictamen de mayoría permite que un médico decida sobre la internación, la cual deberá ser validada por un equipo interdisciplinario en un plazo máximo de 48 horas. Por su parte, el dictamen de minoría establece un plazo de 24 horas y exige que se cese la medida si no se confirman los requisitos que justificaron la internación.

Las discrepancias también se extienden a los lugares donde se llevarán a cabo las internaciones. El dictamen de mayoría contempla la posibilidad de realizar estas internaciones en hospitales e instituciones especializadas (monovalentes), tanto del sector público como privado, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Además, este dictamen prohíbe de manera explícita la existencia de manicomios y la aplicación de prácticas manicomiales. Por su parte, el dictamen de minoría se enfoca en priorizar los hospitales generales y establece que el funcionamiento de los establecimientos especializados debe estar condicionado a que no sean asilares, además de requerir planes de adecuación y externación.

La discusión en torno a estos temas se desarrolla en un contexto donde el Gobierno busca avanzar en la reforma de la Ley de Salud Mental, lo que ha generado un intenso debate en el Senado. En este marco, se han planteado requisitos clave que se eliminarían para permitir intervenciones en casos considerados graves, lo que ha suscitado diversas opiniones entre los profesionales de la salud mental y los legisladores.

Fuente original: Clarín Sociedad.