PoloSur
Este lunes, la jueza de Garantías N°3 de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, otorgó la excarcelación a Nicolás Payarola, quien había estado detenido durante casi once meses por presuntas estafas millonarias en perjuicio de sus clientes. La magistrada argumentó que el tiempo que Payarola había pasado en prisión le permitía acceder al beneficio de la libertad condicional, considerando que podría enfrentar una condena de hasta tres años de prisión en caso de ser hallado culpable.
Payarola fue visto a la salida de la Unidad Penitenciaria N°61 de Melchor Romero, en La Plata, donde había estado recluido desde fines de diciembre del año pasado. A su lado se encontraba su abogado defensor, Gastón Marano. Según la resolución judicial a la que tuvo acceso Infobae, el ex abogado deberá cumplir con una serie de condiciones tras su excarcelación. Entre estas, se incluye la entrega de su pasaporte, la obligación de presentarse semanalmente ante la Justicia y la prohibición de mantener contacto con los denunciantes, víctimas y testigos del caso.
La detención de Payarola se produjo el 27 de noviembre de 2022, en el marco de una investigación liderada por el fiscal Cosme Iribarren, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Benavídez. Posteriormente, el 23 de diciembre, la misma jueza que ahora autorizó su excarcelación había dictado la prisión preventiva en su contra por once hechos de estafa y diversas modalidades de defraudación. A fines de diciembre, Payarola fue trasladado desde la Comisaría 2ª de Tigre a la unidad penitenciaria de Melchor Romero, donde permaneció hasta su liberación.
La decisión de la jueza se conoció tras un pedido de excarcelación presentado por el abogado defensor de Payarola, quien argumentó que la prisión preventiva se había vuelto desproporcionada debido al tiempo transcurrido y al avance de la investigación. En su presentación, el letrado destacó que Payarola había estado detenido durante 326 días y que la investigación penal preparatoria había concluido el 17 de septiembre. Además, mencionó que el 29 de septiembre, la Fiscalía había solicitado la elevación de la causa a juicio. Sin embargo, la jueza fundamentó su decisión de excarcelar a Payarola en el tiempo que ya había estado detenido, teniendo en cuenta la posible condena que enfrentaba.
La jueza aclaró que la estimación realizada tiene como único propósito resolver la situación cautelar del acusado y no implica un adelanto sobre una posible sentencia futura. Este aspecto fue fundamental para la decisión tomada en el caso, ya que la magistrada enfatizó que su fallo no debe interpretarse como un juicio anticipado sobre la culpabilidad o inocencia de Payarola. La decisión de excarcelar al ex abogado de Wanda Nara se basa en una evaluación cuidadosa de las circunstancias actuales del proceso judicial y no en una absolución de los cargos que enfrenta.
Otro de los factores que la magistrada consideró fue el progreso del expediente judicial. La Fiscalía ha concluido la investigación y ha solicitado que se lleve a juicio a Payarola por los delitos que se le imputan, que incluyen un total de once estafas millonarias. Este avance en el proceso judicial modifica el contexto que había llevado a su encarcelamiento preventivo, aunque la jueza advirtió que los riesgos procesales no han desaparecido por completo. En este sentido, la magistrada indicó que la situación actual del caso es diferente a la que justificó su detención inicial, pero aún persisten preocupaciones sobre la posibilidad de que el acusado pueda interferir en el proceso o evadir la justicia.
“Cuanto más se prolonga la privación de libertad, mayor debe ser la exigencia de justificar su necesidad”, afirmó la jueza en otro fragmento de su fallo. Esta declaración resalta la importancia de evaluar continuamente la necesidad de mantener a una persona en prisión preventiva, especialmente en casos donde la investigación ha avanzado y se ha solicitado formalmente el juicio. La magistrada subrayó que la prolongación de la prisión preventiva debe estar debidamente justificada y que los derechos del acusado deben ser considerados en el marco del debido proceso.
Finalmente, la magistrada concluyó que los riesgos que aún persisten pueden ser gestionados a través de obligaciones especiales impuestas al acusado, lo que permitiría su liberación sin necesidad de que permanezca en prisión. Esta decisión refleja un enfoque más flexible en la aplicación de medidas cautelares, considerando el avance del caso y la necesidad de garantizar los derechos del imputado, al tiempo que se mantienen salvaguardias para el proceso judicial. La jueza parece haber encontrado un equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto por los derechos del acusado, lo que podría sentar un precedente en casos similares en el futuro, al permitir que la justicia opere sin comprometer los derechos fundamentales de los involucrados.
Fuente original: Infobae Sociedad.
