PoloSur
La Secretaría de Energía de Argentina declaró ilegal la actividad de Rockhopper Exploration plc en 2012, inhabilitándola para operar en el país durante 20 años a partir de 2013. En 2022, se impuso una sanción similar a Navitas Petroleum LP. Sin embargo, el operador actual del proyecto es Navitas Petroleum Development and Production Ltd, una filial británica del grupo israelí, lo que complica la aplicación directa de las sanciones. Según el autor del análisis, Edmarverson A. Santos, “una sanción impuesta a Navitas Petroleum LP no se convierte automáticamente en una sanción idéntica contra cada empresa afiliada”, a menos que la ley lo estipule o se adopte una nueva medida.
La legislación argentina, sin embargo, tiene un alcance más amplio que las licencias. La Ley 26.659 de 2011 prohíbe la participación directa o indirecta en la exploración o explotación de hidrocarburos que el país considera no autorizada en su plataforma continental, estableciendo inhabilitaciones de entre 5 y 20 años. Esta normativa se extiende a accionistas, proveedores de servicios, financistas, operadores logísticos y asesores técnicos. Adicionalmente, la Ley 26.915 de 2013 introdujo sanciones para directivos y empresas involucradas.
El decreto firmado por el presidente Javier Milei el 3 de septiembre designó a la Cancillería como autoridad de aplicación y estableció plazos breves para el trámite de expedientes, exigiendo declaraciones de cumplimiento a quienes busquen acceder al régimen de incentivos para grandes inversiones o permisos hidrocarburíferos en el país. Este marco ha llevado a que empresas como Halliburton, SLB y Baker Hughes decidieran no participar en el proyecto Sea Lion, siendo que Halliburton indicó que las autoridades le advirtieron sobre posibles sanciones penales y civiles.
A pesar de estas medidas, el análisis subraya que ninguna de ellas resuelve la cuestión de fondo. “Las licencias de las Falklands no pueden establecer el título británico sobre las islas, y las resoluciones administrativas argentinas no pueden establecer el título argentino”, concluye Santos. El Reino Unido defiende la legitimidad de la actividad bajo su legislación, mientras que Argentina insiste en su reclamo de soberanía, considerando que las licencias carecen de validez.
Fuente original: MercoPress Internacional.
