PoloSur
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron el programa el pasado viernes en la embajada argentina en París, durante la Argentina Week, un evento que reunió a inversores y que fue encabezado por el presidente Javier Milei. Las solicitudes para participar en este programa se abrirán antes de que finalice el año. Los interesados podrán optar por un aporte de 350.000 dólares al Tesoro o la adquisición de bonos públicos por un valor de 800.000 dólares con un plazo de siete años. Para las familias, el costo se incrementa: se suman 100.000 dólares por el cónyuge y por cada hijo de entre 18 y 25 años, y 25.000 dólares por cada menor de 18. Por ejemplo, una familia con dos hijos menores tendría que pagar 500.000 dólares.
El objetivo de esta medida es captar divisas en un momento en que el Tesoro enfrenta importantes vencimientos de deuda en moneda extranjera para 2027. Además, el Gobierno ha decidido postergar su regreso a los mercados internacionales de bonos en una semana en la que el riesgo país alcanzó su máximo del año. Según estimaciones de un consorcio de firmas que asesoran al Gobierno, el programa podría generar hasta 2.500 millones de dólares si se logra el número de solicitantes previsto.
Caputo destacó el valor del pasaporte argentino, que es aceptado en más de 140 países, incluyendo destinos que no requieren visado previo para los ciudadanos argentinos, como el espacio Schengen. La idea de este programa surgió en julio de 2024, cuando ejecutivos de empresas tecnológicas estadounidenses manifestaron interés en obtener la ciudadanía argentina durante una visita de Milei a Sun Valley, Idaho. La base normativa del programa se establece en un decreto de mayo de 2025, que endureció los requisitos para la naturalización y habilitó una vía de inversión significativa, aunque la licitación internacional para su gestión fue cancelada en abril de este año.
Argentina se convertiría en el primer país sudamericano en implementar un programa de ciudadanía por inversión, una práctica que es común en una docena de Estados, principalmente en el Caribe. Sin embargo, estos programas han sido objeto de críticas por su potencial vulnerabilidad a la corrupción. Caputo aseguró que se llevarán a cabo verificaciones exhaustivas de identidad, antecedentes penales y origen de los fondos de los solicitantes, con el fin de salvaguardar el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.
Fuente original: MercoPress Argentina.
