PoloSur
El proyecto Sea Lion, operado por una empresa británica y otra israelí, ha reavivado el conflicto por la soberanía de las islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. Según especialistas argentinos, la iniciativa carece de una evaluación de impacto ambiental validada en el país, ya que el Reino Unido y el Gobierno de las islas no reconocen la soberanía argentina. Además, la Justicia argentina ha dictado una medida cautelar que ordena la suspensión del programa petrolero debido a los riesgos de un posible derrame en aguas frías.
La exploración offshore, que busca yacimientos de petróleo y gas natural en el lecho marino, tiene la capacidad de procesar aproximadamente 120,000 barriles diarios de petróleo y 140 millones de pies cúbicos de gas natural. Esta actividad, según la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata (CECIM), podría tener un impacto negativo significativo en el ecosistema marino de la región.
La jueza federal Mariel Borruto fundamentó su decisión de suspender las operaciones en los principios de prevención y precaución de la legislación ambiental argentina. El dictamen resalta que el proyecto avanza de manera ilegal en la plataforma continental argentina, sin las autorizaciones necesarias que aseguren que no habrá un impacto ecológico adverso en la zona.
Rafael Colombo, coordinador de Clima y Energía de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, subrayó que los riesgos ambientales del proyecto incluyen perforaciones, movimientos del lecho marino, contaminación acústica y derrames. La interconexión de las especies marinas entre el mar argentino, las islas Malvinas y la Antártida podría amplificar los efectos negativos de esta actividad, afectando a una rica biodiversidad que incluye alrededor de 300 especies de peces y mamíferos marinos.
Fuente original: WIRED en Español.
