PoloSur
La iniciativa de Selva requiere que el Gobierno aclare si Adorni sigue recibiendo custodia estatal, el organismo encargado de proporcionarla, el acto administrativo que la autoriza y los fundamentos normativos que sustentan dicha decisión. La legisladora destaca que la normativa actual prevé protección para ciertas autoridades en funciones y expresidentes, pero no menciona específicamente a exjefes de Gabinete.
Entre los 16 puntos que incluye el proyecto, Selva también pide información sobre la existencia de una evaluación de riesgo que justifique la continuidad de la protección, el plazo previsto para este servicio y el costo que representa para el Estado. Asimismo, solicita detalles sobre la cantidad de efectivos y vehículos asignados al operativo, evitando datos que puedan comprometer la seguridad.
Otro aspecto relevante del proyecto se refiere al uso de una camioneta Toyota SW4 perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), que, según informes periodísticos, fue utilizada por Adorni. La diputada solicita información sobre el estado administrativo del vehículo, el permiso de uso otorgado a la Jefatura de Gabinete, los gastos generados desde la salida del funcionario y posibles infracciones de tránsito registradas en ese tiempo.
En sus fundamentos, Selva argumenta que es necesario determinar si la asignación de estos recursos responde a una política general para exfuncionarios o a una decisión específica, así como identificar la autoridad responsable de la gestión administrativa y presupuestaria. En un contexto de restricciones fiscales, enfatiza la importancia de que el Gobierno ofrezca una explicación clara sobre el uso de fondos públicos en favor de una persona que ya no forma parte del Poder Ejecutivo. La propuesta ha sido enviada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para su consideración.
Fuente original: APF Nacionales.
