Proponen una comisión por Malvinas que Martín Perez ya había impulsado hace una década en el Congreso

USHUAIA.– La propuesta formulada este miércoles por el intendente Walter Vuoto para crear en el Congreso de la Nación una comisión bicameral dedicada al seguimiento de las políticas vinculadas con Malvinas volvió a colocar en discusión la necesidad de contar con un ámbito legislativo permanente para abordar la cuestión del Atlántico Sur.

Pero la iniciativa presentada ahora por Vuoto no constituye una idea nueva para la representación fueguina en el Congreso.

Hace prácticamente diez años, en octubre de 2016, el entonces diputado nacional por Tierra del Fuego Martín Perez ya había impulsado formalmente la creación de una “Comisión Bicameral de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes”, en el marco del trabajo que desarrollaba junto al también diputado fueguino Matías Rodríguez.

La propuesta tenía incluso un diseño institucional concreto y buscaba transformar la cuestión Malvinas en una política parlamentaria permanente, independientemente de los cambios de gobierno.

Una propuesta presentada en 2016

El proyecto impulsado por Perez contemplaba la conformación de una comisión integrada por 20 legisladores nacionales: diez senadores y diez diputados, respetando la proporcionalidad política de ambas cámaras.

Pero incorporaba una condición particularmente importante para Tierra del Fuego: la provincia debía contar con al menos un representante por cada Cámara dentro de la comisión.

El objetivo, según explicaba Perez en aquel momento, era crear:

“un ámbito en el Congreso de la Nación específico para abordar los temas vinculados al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y territorios marítimos circundantes”.

La propuesta no se limitaba a una comisión de carácter declarativo.

También pretendía institucionalizar mecanismos concretos de control parlamentario sobre la política exterior argentina respecto de Malvinas.

Cancillería debía rendir cuentas ante el Congreso

Uno de los aspectos centrales de aquella iniciativa establecía que el máximo funcionario de Cancillería con competencia sobre Malvinas debía concurrir periódicamente ante la comisión.

Perez explicaba entonces que el mecanismo permitiría que el funcionario:

“deberá asistir periódicamente a la comisión bicameral para brindar informes respecto a las acciones ejecutadas en lo relativo a la Causa Malvinas”.

Es decir, la iniciativa presentada hace una década ya proponía exactamente uno de los componentes que hoy vuelven a aparecer en el debate: que el Congreso no actúe solamente frente a hechos puntuales, sino que realice un seguimiento permanente de las decisiones del Poder Ejecutivo sobre soberanía y Atlántico Sur.

Un Observatorio Parlamentario sobre Malvinas

El proyecto de 2016 avanzaba todavía más.

Proponía incorporar a la órbita de la futura bicameral el Observatorio Parlamentario sobre la Causa Malvinas, con funciones de investigación, divulgación y generación de conocimiento.

Entre sus objetivos figuraban la elaboración de publicaciones, materiales audiovisuales, programas educativos y proyectos de investigación científica destinados a fortalecer el conocimiento de la cuestión Malvinas tanto dentro de Argentina como en ámbitos internacionales.

Perez sostenía que el objetivo era:

“consolidar un ámbito permanente, plural y representativo en el Poder Legislativo Nacional”.

Y definía como prioridad de ese espacio:

“la recuperación y ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y territorios marítimos circundantes”.

Vuoto intenta recuperar aquella discusión

Diez años después, Walter Vuoto volvió sobre una idea sustancialmente similar durante una reunión realizada en Casa Ushuaia, en Buenos Aires, con la participación —según informó el Municipio— de 33 diputados nacionales.

El intendente planteó la necesidad de constituir una comisión bicameral que permita al Congreso efectuar un seguimiento permanente de las políticas relacionadas con Malvinas, soberanía, recursos naturales, defensa y presencia argentina en el Atlántico Sur.

El planteo coincide en aspectos centrales con la arquitectura institucional que Perez había llevado al Congreso en 2016: una comisión de ambas cámaras, continuidad institucional y seguimiento legislativo permanente de la política nacional sobre Malvinas.

Petróleo, militarización y recursos: debates que ya estaban presentes

La coincidencia tampoco se limita al diseño de la comisión.

Vuoto puso ahora el foco sobre la explotación hidrocarburífera impulsada desde las Islas Malvinas y sostuvo que Argentina no puede permanecer indiferente ante el avance británico sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.

En 2016, Perez también vinculaba la necesidad de fortalecer institucionalmente la política de Malvinas con la creciente militarización británica del archipiélago.

Por aquellos días reclamaba que el Congreso repudiara ejercicios militares británicos y cuestionaba la política exterior del gobierno de Mauricio Macri.

“No se puede tener una política de ‘buenos vecinos’ con los que entrenan miles de soldados y lanzan misiles en territorios en disputa de soberanía”, advertía entonces.

Una iniciativa fueguina con diez años de antecedentes

El antecedente resulta relevante porque permite reconstruir la genealogía política de una propuesta que ahora vuelve a instalarse públicamente.

La creación de una comisión bicameral específica para Malvinas ya había sido planteada desde Tierra del Fuego en el Congreso Nacional en 2016.

Y no se trataba solamente de una expresión de deseos.

La iniciativa impulsada entonces por Martín Perez proponía una composición determinada, representación fueguina obligatoria, comparecencias periódicas de Cancillería y la incorporación de un Observatorio Parlamentario.

Por eso, frente al planteo realizado ahora por Vuoto, aparece una oportunidad concreta: recuperar aquel antecedente legislativo, analizar su estado parlamentario y construir sobre el trabajo realizado hace una década, en lugar de comenzar nuevamente desde cero.

La cuestión de fondo, después de todo, permanece prácticamente intacta diez años después: cómo conseguir que la política argentina sobre Malvinas tenga continuidad institucional, control parlamentario, representación fueguina y una estrategia de Estado que trascienda a los gobiernos de turno.