PoloSur
La transición en la dirección de la obra social militar no ha logrado estabilizarse con los recientes cambios en la conducción. El exdirector, Juan Guzmán, dejó su puesto en septiembre y fue sucedido por Gonzalo Secchi, quien fue designado por el ministro de Defensa, Carlos Presti. La nueva gestión se enfrenta a una obra social en proceso de liquidación, con importantes deudas, reclamos de prestadores y un creciente conflicto laboral que agrava la situación.
Jorge Taiana, exministro de Defensa, señala que uno de los factores que ha contribuido a esta crisis es el deterioro de los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas. Según las cifras que analizó, la remuneración de estos trabajadores ha perdido más del 70% de su valor real en los últimos años. Este descenso en los salarios tiene un impacto directo en la obra social, ya que con ingresos más bajos también disminuyen los aportes que financian las prestaciones. Taiana sostiene que durante su gestión, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) contaba con un superávit equivalente a aproximadamente dos meses y medio de prestaciones.
En contraste, su evaluación de la situación actual es alarmante. Taiana afirma que la deuda acumulada por la obra social supera los $210.000 millones, a lo que se suma un préstamo de $40.000 millones del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares. Además, critica la estrategia del gobierno para abordar el déficit, argumentando que la administración actual pretende que las Fuerzas Armadas cubran el déficit a través de la venta o transferencia de activos, como hoteles, farmacias y terrenos. “Se están descapitalizando”, resumió Taiana al expresar su preocupación. Recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri se vendieron terrenos de las Fuerzas Armadas en Córdoba y advirtió sobre el riesgo de repetir esa estrategia para solucionar una crisis financiera a corto plazo.
La problemática va más allá del destino de una obra social. Para Taiana, este asunto es parte de un proceso más amplio que afecta las capacidades militares, con salarios que han perdido poder adquisitivo y una estructura patrimonial que se ve forzada a buscar recursos para cubrir gastos corrientes. En este contexto, el último episodio del ajuste se materializó en la decisión de cerrar 31 farmacias propias del IOSFA. Una resolución emitida el 14 de octubre ordenó el cierre definitivo de estos establecimientos y la baja de sus habilitaciones sanitarias, que estaban distribuidos en diversas ciudades del país.
La obra social de las Fuerzas Armadas (OSFA) ha reportado un déficit que supera los 7000 millones de pesos. Esta situación ha generado inquietudes sobre cómo los afiliados, que dependían de las farmacias de la red propia, podrán acceder a los medicamentos y qué pasará con el personal que se verá afectado por estos cambios.
Una posible solución sería recurrir a una red de farmacias tercerizadas. Sin embargo, los prestadores privados han expresado que mantienen reclamos de pago pendientes con el sistema. Según fuentes del sector, hay farmacias que han dejado de atender a los afiliados debido a las deudas acumuladas. Esto hace urgente que se brinde una respuesta oficial sobre cómo se garantizará la cobertura durante este período de transición.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha manifestado que la reducción de la estructura tendrá un impacto aún mayor del previsto. El sindicato denuncia que la planta de trabajadores se reducirá de aproximadamente 2450 a 1000 a partir de febrero de 2027. Además, critican el traspaso de hoteles y centros recreativos, la disminución de delegaciones de 24 a 13 y el vencimiento de contratos que está programado para el 30 de noviembre.
A las complicaciones administrativas se suman las denuncias de afiliados y trabajadores sobre la suspensión de prestaciones. ATE ha informado que se han registrado cirugías demoradas en el Hospital Militar Central y en Campo de Mayo, así como interrupciones en tratamientos oncológicos en varias provincias. Estas son quejas que requieren respuestas oficiales y documentación que respalde cada caso. Sin embargo, el deterioro en la atención se ha convertido en uno de los principales puntos de conflicto entre los trabajadores y la cartera liderada por Presti.
En respuesta a esta situación, ATE ha programado una marcha en protesta por el ajuste. El conflicto laboral ya tiene una fecha definida. El sindicato ha declarado el estado de alerta y asamblea permanente, y ha convocado a una movilización para el 29 de octubre. ATE sostiene que la reducción de la estructura pone en riesgo más de 1450 puestos de trabajo y exige que se mantengan las funciones de la obra social.
Además, el gremio cuestiona la decisión de recortar personal mientras aún se deben obligaciones a los prestadores. Para los trabajadores, la reducción de la estructura no soluciona el problema financiero, sino que simplemente traslada los costos hacia los afiliados y el personal.
Entre los sectores que se ven perjudicados se encuentran los trabajadores de Turismo Social, que suman un total de 576 personas y están vinculados a 13 hoteles y tres centros recreativos. El Gobierno argumenta que estas unidades generaban un déficit superior a los 2000 millones de pesos anuales, lo que llevó a la decisión de devolver los inmuebles a las Fuerzas Armadas.
Esta medida forma parte de una discusión más amplia sobre el futuro de los activos del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mientras se lleva a cabo su liquidación. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se sostiene que el desmantelamiento de servicios y la reducción de personal anticipan una obra social con menor alcance. Por su parte, el Gobierno defiende que se trata de eliminar estructuras deficitarias y de concentrar los recursos en la atención.
La crisis que rodea la liquidación ha generado también denuncias políticas y solicitudes de explicaciones sobre la gestión del organismo durante el mandato de Luis Petri. La diputada Lourdes Arrieta ha denunciado al exministro por presunta administración fraudulenta, malversación, incumplimiento de deberes y abandono de persona. Asimismo, Victoria Villarruel y el exministro Agustín Rossi coincidieron en calificarlo como un supuesto desfalco.
El exministro debe rendir cuentas por la gestión que llevó a una caída en los salarios de los uniformados y a la casi total paralización de la obra social que atiende a los militares y sus familias. En este contexto, se menciona que el exministro debería dejar de preocuparse por su imagen en Twitter y enfocarse en las acusaciones que enfrenta.
En este momento, se trata de acusaciones políticas y judiciales que aún no han sido probadas como irregularidades concretas. Sin embargo, la discusión añade presión sobre una administración que todavía no ha aclarado cómo se generó la deuda y cómo se distribuirá el pasivo entre las nuevas entidades que asumirán la gestión.
También se han puesto en tela de juicio los antecedentes empresariales de Secchi, el administrador designado por Presti para llevar a cabo la liquidación. Fuentes vinculadas a las Fuerzas Armadas consultadas por Letra P han señalado que Secchi tiene vínculos societarios previos con personas relacionadas a empresas que figuran como proveedoras del IOSFA.
Aunque la información disponible no permite atribuirle a Secchi una irregularidad concreta, plantea una cuestión de transparencia que el Ministerio de Defensa debería aclarar, especialmente mientras el funcionario gestiona un organismo que enfrenta deudas, contratos y activos en proceso de transferencia.
La cuenta regresiva para cerrar el IOSFA continúa avanzando, y las implicaciones de esta situación siguen generando incertidumbre entre los trabajadores y beneficiarios del sistema de salud militar.
La cronología de la reforma muestra que aún no se ha logrado completar su primera etapa. El 1 de abril se comunicó que la obra social de las Fuerzas Armadas (OSFA) estaba operativa. En mayo, se produjo un cambio en su dirección. En junio, se inició el funcionamiento de la obra social destinada a las fuerzas de seguridad. Para julio, la deuda acumulada alcanzaba aproximadamente los $213.900 millones.
En septiembre, renunció el titular de la obra social, Guzmán, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ocupó la sede de la obra social durante algunas horas. Posteriormente, Presti tomó la delantera con una nueva gestión. El 1 de octubre, la administración del gobierno libertario anunció que la OSFA asumiría la atención de los afiliados y que comenzaría a cancelar una deuda que superaba los $200.000 millones. Sin embargo, dos semanas después se produjo el cierre de las farmacias.
En este contexto, hay tres fechas clave que podrían marcar el rumbo del conflicto: el 29 de octubre, cuando ATE realizará una marcha en contra del ajuste; el 30 de noviembre, fecha en la que vencen los contratos de varios trabajadores; y el 4 de febrero de 2027, cuando se espera que finalice la liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).
El Gobierno intenta presentar esta reforma como una reorganización destinada a mejorar el orden financiero. Sin embargo, trabajadores y sectores de la oposición advierten que este proceso está resultando en una obra social más reducida, con menos prestaciones y sin una aclaración clara sobre cómo se resolverá la deuda existente.
En el centro de esta situación se encuentran los afiliados de las Fuerzas Armadas. Para las familias militares, una reforma que comenzó como un mero cambio administrativo ha derivado en un debate tangible sobre el acceso a medicamentos, la atención médica, la estabilidad laboral y el patrimonio que sustenta el sistema de salud.
Fuente original: Letra P Política.
