PoloSurDurante una presentación el 26 de agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al director general del FGS, Juan Cruz Micele, y el vicepresidente segundo del Banco Central, Baltasar Romero Krause, delinearon un plan que busca movilizar hasta $2 billones a través de licitaciones de depósitos a plazo fijo. Esta iniciativa tiene como objetivo canalizar recursos hacia la concesión de créditos hipotecarios. Caputo especificó que la primera subasta iniciaría esta semana con un monto de $200.000 millones, pero hasta el momento, la convocatoria no ha sido emitida.
El diseño del mecanismo es claro: el Ministerio de Economía establece los montos y condiciones generales, el FGS aporta los recursos, y el Banco Central se encarga de la ejecución de las licitaciones. Este último, mediante una Comunicación B, convoca a las entidades financieras con 24 horas de antelación, informando las condiciones operativas para presentar ofertas. Sin embargo, el jueves llegó y la convocatoria para los primeros $200.000 millones no se hizo presente, lo que ha generado preocupación en el sector.
El trasfondo de esta demora no es simplemente un desacuerdo administrativo entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, ya que ambos trabajan en coordinación. La inquietud que corre por las mesas financieras gira en torno a si la falta de convocatoria se debe a que aún no se han acordado las condiciones económicas con los bancos. El centro de la discusión radica en las tasas de interés a aplicar.
El Gobierno ha propuesto dos opciones para que las entidades financieras accedan a los fondos del FGS. La primera consiste en depósitos a un año con una tasa mínima equivalente a UVA más 2,5%, y la segunda, depósitos a cinco años con un mínimo de UVA más 4,5%. Esto significa que, para acceder a los recursos, los bancos deben competir ofreciendo rendimientos superiores a esos niveles, lo que complica aún más la situación, especialmente a largo plazo.
La situación se torna más compleja cuando se considera el contexto político. Un préstamo a cinco años implica que las entidades deben fijar un precio hoy para lo que puede ocurrir después de las elecciones presidenciales de 2027. En un entorno económico donde los depósitos suelen concentrarse en plazos cortos, un compromiso de cinco años se siente como un gran salto al vacío.
Este es el desafío que Luis Caputo busca solucionar utilizando el FGS como intermediario, permitiendo que los bancos, que tradicionalmente captan depósitos a corto plazo, puedan ofrecer créditos hipotecarios a largo plazo. Sin embargo, la dificultad radica en hallar un equilibrio en las tasas que haga viable esta operación, mientras el Gobierno intenta estimular el crédito hipotecario en un contexto de incertidumbre económica y política.
