PoloSur
La situación se desató el 1 de junio, cuando Arrascaeta se acercó a Morales en el aeropuerto de San Luis, instándola a no obstruir la carga de prestaciones de su marido, un procedimiento que se realizaba desde fuera del PAMI. Según el relato de Morales, la senadora la tomó del brazo y le advirtió: "Voy a cortar cabezas". Detrás de ella, Negri reprochaba en voz baja la decisión de Morales de ordenar auditorías en las clínicas familiares, lo que evidenciaba un clima de tensión y amenazas.
El conflicto se inició en septiembre de 2025, cuando Morales asumió la dirección del PAMI a solicitud de Negri. El empresario, que se jacta de tener control sobre la senadora, esperaba que la nueva funcionaria acatara sus instrucciones sin cuestionamientos. Sin embargo, Morales comenzó a identificar irregularidades en las facturaciones de la familia Negri, quien, según fuentes internas, facturaba al PAMI montos superiores a los que se registraban en toda la provincia de Mendoza y en el municipio de La Matanza.
Las estimaciones del PAMI en San Luis indican que en los meses de septiembre a febrero de 2026, los hermanos Negri habrían facturado prestaciones por un total de más de 4.000 millones de pesos, cifra que genera alarma y sospechas de fraude. La resistencia de Morales a convalidar estas transacciones no era infundada, ya que la auxiliar fiscal Paula Bellotti había solicitado copias de auditorías relacionadas con la clínica de Mauricio Negri, temiendo una posible defraudación a la administración pública.
Este escándalo pone en relieve la compleja relación entre política y negocios en el ámbito de la salud pública en Argentina, evidenciando las tensiones y las posibles irregularidades que afectan a uno de los sectores más vulnerables. La situación no solo involucra a la familia Negri, sino que también abre la puerta a un debate más amplio sobre la transparencia y la ética en la administración de recursos destinados a la salud.
