PoloSur
La controversia comenzó cuando Miguel Lunghi, intendente de Tandil, acusó a Nelson Sombra, su colega de Azul, de llevar a cabo un “traslado compulsivo e irregular” de once miembros de una misma familia que se encontraban en una situación social y económica crítica. Según Lunghi, estas personas fueron trasladadas en un vehículo del municipio de Azul y abandonadas en una estación de trenes en desuso en Tandil, lo que consideró un intento de eludir la responsabilidad de asistencia integral hacia ellos.
En una carta contundente, Lunghi exigió a Sombra que resuelva la situación en un plazo de 48 horas, demandando el regreso de la familia a Azul y la compensación económica de los gastos que su municipio tuvo que afrontar para brindarles atención. “Ante la emergencia social provocada por la imprudencia de su administración, la Municipalidad de Tandil debió desplegar de forma inmediata sus recursos para garantizar la integridad de estas once personas”, afirmó Lunghi en su misiva.
Desde la administración de Azul, el secretario de Desarrollo, Omar Seoane, defendió la acción de su municipio, afirmando que la familia se había presentado de manera voluntaria para solicitar el traslado a Tandil. “Actuamos de buena fe, brindando el transporte a una familia que deseaba radicarse en otra localidad”, explicó Seoane, desestimando así las acusaciones de Lunghi sobre un abuso de autoridad.
La situación ha llevado a Lunghi a señalar que se están vulnerando derechos fundamentales, incluyendo la ley provincial de Protección de los Derechos del Niño. Además, el intendente radical ha advertido que, de no recibir una respuesta satisfactoria, tomará medidas legales que podrían incluir denuncias ante el Tribunal de Cuentas y acciones civiles para recuperar los gastos incurridos en la atención de la familia afectada.
