La sombra de la vigilancia: la alarma de Amnistía Internacional sobre Palantir y los derechos humanos en Argentina

Expansión del control estatal

Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el gobierno argentino ha ampliado significativamente sus herramientas para la vigilancia de espacios públicos y digitales, incorporando tecnologías que permiten el reconocimiento facial, el uso de drones y el análisis de grandes volúmenes de datos. Esta es una de las principales conclusiones del informe titulado "Estado de vigilancia", elaborado por Amnistía Internacional, que examina los dos primeros años de gestión de Javier Milei y destaca la falta de mecanismos de control y rendición de cuentas en estas prácticas.

Este año, la situación se complicó aún más con la llegada a Argentina de Peter Thiel, un destacado empresario tecnológico estadounidense y cofundador de Palantir, una empresa conocida por su enfoque en el análisis de datos para gobiernos y fuerzas de seguridad, y que ha sido objeto de críticas por su relación con violaciones a los derechos humanos. Las tecnologías de vigilancia, que van desde sistemas biométricos hasta software especializado en la recopilación y análisis de datos, plantean serias preocupaciones sobre la privacidad y las libertades civiles, en un contexto donde la inteligencia artificial juega un papel cada vez más relevante.

La mirada crítica sobre el tecnosolucionismo

La investigación de Amnistía Internacional aborda la creciente integración de la vigilancia en el marco de reformas en seguridad e inteligencia en el país. La vigilancia ya formaba parte de la plataforma electoral de La Libertad Avanza, que propuso aumentar la inversión en tecnología para las fuerzas de seguridad. El informe adopta un enfoque "sociotécnico", que examina no solo las herramientas utilizadas, sino también las normativas que permiten su implementación, los organismos que manejan los datos, los proveedores involucrados y la escasez de controles efectivos.

Amnistía Internacional revisó documentación oficial, órdenes de compra y pliegos técnicos, y realizó entrevistas a una diversidad de actores, desde periodistas hasta defensores de derechos humanos. Las respuestas gubernamentales fueron en muchos casos incompletas, y en algunas ocasiones se invocaron razones de seguridad nacional para justificar la falta de información. Este contexto plantea un desafío crítico para la protección de los derechos humanos en Argentina, donde la vigilancia masiva y la falta de transparencia podrían convertirse en una norma.