Polo Sur
RÍO GRANDE.- Atrás quedaron las categóricas declaraciones del gobernador Gustavo Melella y de la ministra Gabriela Castillo, quienes aseguraban públicamente que el traspaso de las áreas operadas por YPF hacia la empresa estatal Terra Ignis permitiría sostener los aproximadamente 500 puestos de trabajo vinculados a la actividad hidrocarburífera en el norte de Tierra del Fuego.
La realidad terminó siendo muy distinta.
Hoy, según confirmó el propio Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, solo 43 trabajadores fueron reincorporados, dejando al descubierto una brecha enorme entre las promesas oficiales y los resultados concretos.
La situación expone un nuevo capítulo de improvisación política en torno a una de las decisiones económicas más importantes adoptadas por el Gobierno provincial en los últimos años.
Mientras el Ejecutivo utilizaba el compromiso de preservar los puestos laborales como uno de los principales argumentos para defender la transferencia de las áreas petroleras a Terra Ignis, cientos de trabajadores quedaron atrapados en una transición que, lejos de brindar certezas, profundizó la incertidumbre.
De los aproximadamente 500 trabajadores que integraban originalmente la actividad, alrededor de 240 aceptaron acuerdos de desvinculación voluntaria. Sin embargo, lejos de compensar esa reducción natural de personal, el Gobierno tampoco logró garantizar la continuidad laboral del resto de los trabajadores que se desempeñaban en empresas contratistas.
El problema hoy se concentra precisamente en esos 260 trabajadores, de los cuales solo 43 fueron reincorporados, dejando todavía 217 familias sin trabajo, sin salarios y, según denunció el gremio, incluso sin haber percibido el aguinaldo.
El creciente malestar terminó provocando un fuerte quiebre entre el sindicato y el Gobierno provincial.
En declaraciones a FM Del Pueblo, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Luis Sosa, anunció que la organización dejó de reconocer a la ministra Gabriela Castillo como interlocutora válida para resolver el conflicto.
"No queremos más a Castillo como interlocutora", afirmó el dirigente, asegurando que esa decisión ya fue comunicada formalmente al gobernador Gustavo Melella.
Según explicó, el sindicato considera que la ministra no refleja la verdadera situación que atraviesan los trabajadores y transmite al Ejecutivo una visión completamente alejada de la realidad que viven las familias petroleras.
Sosa fue contundente al describir el estado del conflicto.
Recordó que de los 260 trabajadores cuya continuidad laboral estaba prevista, apenas 43 fueron reincorporados, una cifra que calificó como absolutamente insuficiente frente a la gravedad de la crisis social y económica.
Además, denunció que 217 trabajadores permanecen sin reincorporarse y que muchas familias acumulan casi dos meses sin cobrar salarios ni aguinaldo.
Ante la falta de respuestas concretas, la asamblea del gremio resolvió por unanimidad mantener la medida de fuerza iniciada días atrás.
Sosa aclaró que durante las últimas horas mantuvo una conversación telefónica con el gobernador Gustavo Melella, quien se comprometió a intervenir personalmente y dialogar con las empresas involucradas para intentar acelerar una solución.
Sin embargo, el dirigente sindical fue claro al señalar que las promesas ya no alcanzan.
El sindicato aseguró que el conflicto no se levantará hasta que existan reincorporaciones efectivas y se regularice el pago de los salarios adeudados.
El caso comienza a transformarse en uno de los mayores costos políticos del proceso de salida de YPF de Tierra del Fuego.
El Gobierno provincial defendió durante meses el traspaso hacia Terra Ignis sosteniendo que la operación permitiría preservar el empleo y garantizar una transición ordenada.
Hoy, los propios números difundidos por el sindicato muestran una realidad completamente diferente.
De los 500 puestos laborales que se prometía proteger, apenas 43 trabajadores fueron reincorporados, mientras más de doscientas familias continúan esperando respuestas.
La diferencia entre el discurso oficial y los resultados concretos ya no admite interpretaciones.
Los anuncios hablaban de preservar el empleo.
La realidad muestra que, hasta el momento, la promesa quedó muy lejos de cumplirse.
