PoloSur
La polémica en torno a la falta de transparencia de YPF se intensifica tras la presentación de un recurso de amparo por parte de Chequeado, que busca obtener información detallada sobre los gastos publicitarios de la empresa. A pesar de haber enfrentado dos fallos adversos en instancias anteriores, la ONG ha decidido llevar el caso a la Corte Suprema, subrayando la contradicción que representa el uso de argumentos legales por parte de una empresa con participación estatal para evadir el escrutinio público.
Con el objetivo de desentrañar cómo se asignan los millonarios recursos destinados a publicidad, Chequeado ha solicitado datos sobre los montos invertidos en medios de comunicación, agencias y plataformas digitales desde diciembre de 2023. La petrolera ha rechazado esta solicitud, argumentando que su estatus como sociedad anónima abierta la exime de proporcionar dicha información. Sin embargo, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) ha refutado esta postura, recordando que YPF, al ser de mayoría estatal, está obligada a rendir cuentas.
La Corte Suprema ya ha abordado este tema en el pasado, estableciendo que YPF, debido a su participación estatal mayoritaria, debe cumplir con los estándares de transparencia. En un fallo de 2015 en el caso "Giustiniani c/YPF", el tribunal dejó en claro que la petrolera no puede ocultar información relevante para el interés público, lo que subraya la necesidad de que las empresas estatales no se escuden detrás de su forma societaria para eludir su responsabilidad de rendir cuentas.
La demanda presentada por Chequeado, con el apoyo de la ONG Poder Ciudadano, busca reafirmar que la información pública pertenece a los ciudadanos y no a quienes la administran. La transparencia en el uso de recursos públicos es un pilar fundamental de la democracia, y es imperativo que la Corte Suprema reitere que las empresas con participación estatal no pueden permanecer en la opacidad cuando se trata de rendir cuentas a la sociedad.
