PoloSur
Desde la llegada del nuevo gobierno, los aumentos en las tarifas de luz, gas y transporte han afectado de manera desproporcionada a las familias de menores ingresos. En algunos casos, estos hogares deben destinar más del 20% de sus recursos mensuales para cubrir estos servicios, lo que representa una carga económica insostenible. La Fundación Capital ha realizado un análisis que revela que, mientras la inflación general se sitúa en un 33% anual, las tarifas de electricidad y gas han aumentado en un 55% y el transporte público en un 49%.
Este informe también señala que el gasto promedio en servicios públicos para una familia tipo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha alcanzado cifras alarmantes. Las familias con subsidios destinan aproximadamente $163.600 mensuales, mientras que aquellas sin ningún tipo de subsidio deben enfrentar un gasto de $275.800. Este aumento desmedido en los costos se traduce en un mayor porcentaje de sus ingresos, erosionando aún más su capacidad de consumo y ahorro.
El impacto de estos aumentos no se distribuye equitativamente. Familias con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, que en junio ascendían a $735.600, ven cómo el gasto en servicios públicos representa un 22% de su ingreso familiar, un incremento preocupante en comparación con el 5,3% que se registraba en diciembre de 2023. En el caso de hogares con dos jubilaciones mínimas, el gasto en servicios representa un 17,3%, triplicando también el porcentaje de diciembre del año pasado.
En contraste, los hogares de ingresos medios enfrentan un impacto más moderado, con un porcentaje de gasto sobre el ingreso que, aunque ha aumentado, sigue siendo inferior al de los sectores más vulnerables. Sin embargo, la tendencia general indica que el costo de los servicios públicos sigue presionando el poder adquisitivo de todos los sectores, lo que plantea un desafío significativo para la economía familiar en Argentina.
