PoloSur
La iniciativa, liderada por la senadora Edith Terenzi de Chubut, propone la creación de un nuevo capítulo en el Código Penal argentino que clasifique el ecocidio como un delito. Este proyecto ha ganado terreno en el Senado, recibiendo dictamen favorable en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales, así como en la de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La propuesta contempla severas sanciones para quienes causen daños ambientales de carácter irreversible o grave, lo que ha generado preocupación en diversos sectores económicos, especialmente en la Sociedad Rural Argentina (SRA), que ha expresado su oposición.
El proyecto establece que el ecocidio se define como un daño ambiental que infringe normas de protección y que resulta irreversible o especialmente grave. Las penas propuestas oscilan entre tres y diez años de prisión para daños extensos y duraderos, mientras que si el daño se considera irreversible, las sanciones podrían aumentar a un rango de cinco a 15 años. En casos donde se produzcan muertes, la pena podría ascender hasta los 25 años. Además, se prevén agravantes para funcionarios públicos involucrados y se establece la responsabilidad penal de las empresas, con multas que podrían alcanzar cinco veces el beneficio obtenido.
La propuesta también plantea un desafío en la interpretación de términos como “daño ambiental especialmente grave” y “afectación multiecosistémica”, que serán cruciales para determinar la responsabilidad penal. La senadora Terenzi argumenta que la legislación actual es insuficiente para abordar los delitos ambientales, señalando que el Código Penal no contempla estos crímenes como una categoría autónoma. Además, menciona que la creciente degradación de los ecosistemas exige una respuesta más contundente del marco legal argentino, alineándose con estándares internacionales que ya reconocen el ecocidio.
Con el respaldo de diversos legisladores y la oposición de sectores productivos, el proyecto de ley sobre ecocidio se presenta como un paso importante hacia una mayor protección ambiental en Argentina. Sin embargo, su implementación y las implicancias legales que conllevaría siguen siendo objeto de intensas discusiones en el ámbito político y social.
