Polo Sur
El Gobierno nacional avanza con un cambio histórico en el régimen de Zona Fría que amenaza con golpear de lleno a la Patagonia y particularmente a Tierra del Fuego. Detrás del discurso de “ordenamiento” y “eficiencia fiscal”, La Libertad Avanza impulsa un modelo que abandona el criterio territorial y climático para reemplazarlo por una mirada puramente económica, diseñada desde Buenos Aires y completamente desconectada de la realidad del sur argentino.
La modificación impulsada por el oficialismo deja de reconocer que en la Patagonia el gas no es un servicio más ni un lujo subsidiado: es una condición básica de supervivencia. Mientras en gran parte del país la calefacción puede ser estacional, en Tierra del Fuego el consumo de gas atraviesa prácticamente todo el año producto de temperaturas extremas, nevadas, viento permanente y largas temporadas invernales.
El problema central es político y conceptual. El Gobierno pretende reducir la discusión energética a una cuestión de ingresos, ignorando deliberadamente el factor geográfico. Bajo el nuevo esquema, una familia fueguina de ingresos medios podría perder parte de los subsidios aun cuando necesite consumir varias veces más gas que un hogar del centro del país simplemente para poder calefaccionarse y vivir en condiciones dignas.
El propio dictamen opositor advierte que el régimen de Zona Fría nació como una compensación territorial y climática, no como un simple plan asistencial sujeto a criterios de pobreza. Sin embargo, el proyecto libertario reemplaza ese principio histórico por un sistema focalizado exclusivamente en ingresos y segmentación social, desconociendo que la Patagonia enfrenta una vulnerabilidad energética estructural derivada del clima y la distancia.
En otras palabras: el Gobierno deja de considerar dónde vive la gente y empieza a mirar solamente cuánto gana, como si vivir en Ushuaia, Río Grande o Caleta Olivia fuera igual que vivir en Capital Federal o Rosario.
Pero además, el recorte sería todavía más profundo de lo que el discurso oficial admite. El proyecto cambia silenciosamente la base de cálculo del subsidio: la bonificación dejaría de aplicarse sobre la tarifa completa y pasaría a cubrir únicamente el precio del gas en boca de pozo, excluyendo transporte y distribución. Y justamente en la Patagonia esos componentes representan una parte enorme de la factura final debido a las distancias, la infraestructura y el costo de abastecimiento en regiones australes.
El dictamen crítico presentado en Diputados lo define con claridad: “mantienen el cartel de Zona Fría, pero vacían su contenido económico real”. Es decir, el beneficio podría seguir existiendo formalmente, pero con un impacto muchísimo menor en la factura que pagan los usuarios.
La lógica fiscalista del Gobierno aparece así por encima de cualquier criterio federal. El mensaje oficial sostiene que el sistema fue “desnaturalizado” y que hay que reducir subsidios porque los recursos “son escasos”. Pero para la Patagonia el planteo representa algo mucho más grave: trasladar a millones de familias el costo de vivir en una de las regiones más frías y hostiles del país.
Desde distintos sectores advierten que el proyecto consolida una visión profundamente centralista, donde las políticas públicas se diseñan bajo parámetros porteños sin comprender las condiciones reales del interior profundo. Mientras el Gobierno habla de “equidad”, la Patagonia podría terminar pagando tarifas cada vez más altas simplemente por su ubicación geográfica y sus condiciones climáticas naturales.
La discusión ya dejó de ser solamente energética. Empieza a transformarse en un nuevo conflicto entre un modelo fiscal construido desde el centro del país y una región que siente que vuelve a quedar relegada, castigada y utilizada únicamente como variable de ajuste.
