Polo Sur
Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Javier Milei luego de que una auditoría interna del Ministerio de Salud detectara presuntos “desvíos críticos y sobreprecios” en compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante 2025, con diferencias de precios que en algunos casos superarían el 4.239%.
Según surge del documento oficial, las irregularidades involucran adquisiciones de sillas de ruedas, prótesis, andadores y distintos insumos médicos financiados por el Estado nacional.
El informe advierte que las diferencias entre lo efectivamente facturado y los valores de referencia del mercado oscilarían entre el 300% y el 1.000%, aunque en algunos expedientes los sobreprecios detectados serían todavía más extremos.
Uno de los casos más graves señalados corresponde a la compra de un andador cuya diferencia respecto del valor de mercado alcanzaría el 4.239%.
En paralelo, también se detectaron presuntas maniobras vinculadas a conexiones societarias y familiares entre proveedores que participaron de las contrataciones.
“El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”, sostiene el documento citado.
La situación vuelve a colocar bajo fuerte presión política al oficialismo libertario, especialmente por las derivaciones que empiezan a vincularse con operadores y armadores cercanos al núcleo de poder de Karina Milei.
En ese contexto, distintos sectores opositores y mediáticos comenzaron a relacionar el escándalo con las denuncias previas alrededor del denominado “caso Spagnolo”, que había quedado asociado a versiones sobre pedidos de retornos, intermediaciones políticas y supuestos aportes vinculados al famoso “3%” que comenzó a circular en el universo libertario como símbolo de presuntas recaudaciones informales alrededor de negocios y contrataciones.
Aunque hasta el momento no existen imputaciones judiciales concretas contra Karina Milei ni resoluciones firmes sobre esas acusaciones, el nuevo escándalo reaviva las sospechas sobre el funcionamiento interno de sectores del oficialismo y el manejo de áreas sensibles del Estado nacional.
La contradicción política resulta especialmente delicada para un gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con “la casta”, eliminar privilegios y combatir la corrupción estatal.
Sin embargo, mientras el discurso libertario insiste en el ajuste sobre jubilados, universidades, discapacidad y programas sociales, ahora aparecen expedientes oficiales que muestran compras públicas con diferencias millonarias respecto de los valores de mercado.
El impacto político podría crecer todavía más en las próximas semanas si avanzan investigaciones judiciales o aparecen nuevas auditorías sobre contrataciones realizadas dentro del sistema nacional de discapacidad.
Porque el problema ya no es solamente administrativo.
El verdadero riesgo para el gobierno es que empiece a consolidarse la percepción de que detrás del relato anticasta también podrían estar funcionando viejos mecanismos de negocios, intermediación y presuntos retornos alrededor del Estado.
