mar del plata

Mientras la provincia enfrenta una crisis social profunda y servicios públicos al borde del colapso, el gobernador Gustavo Melella destinó una partida de 60.000 dólares, $87millones de pesos al cambio oficial para financiar la demanda judicial contra la Nación. El desembolso, que ya se encuentra bajo la lupa por su alto costo en moneda extranjera, busca una declaración de inconstitucionalidad que no garantiza resultados inmediatos sobre el control operativo de la terminal portuaria, podrían utilizar los abogados del estado provincial, pero sigue el derroche de recursos que hoy pagan los fueguinos por la falta de accion del gobierno provincial

Sin cautelar, sin urgencia reconocida y con serias observaciones del juez, la estrategia judicial del gobernador Gustavo Melella terminó en un fracaso costoso: más de 87 millones de pesos en asesoramiento legal externo tirados a la basura, mientras el Puerto sigue intervenido y la provincia atraviesa una crisis social y financiera sin precedentes. Un nuevo episodio de improvisación y despilfarro que deja expuesta la gestión de un gobierno sin rumbo.

La defensa judicial del Gobierno provincial terminó exhibiendo un nivel de improvisación alarmante: el Secretario Legal y Técnico litigó sin matrícula en el fuero federal y el gobernador se presentó sin la representación obligatoria de la Fiscalía de Estado. Errores básicos, inadmisibles, que no solo hicieron fracasar la estrategia legal sino que dejaron al descubierto un bochorno institucional que debilita a Tierra del Fuego y expone la desidia de quienes deben garantizar la legalidad del Estado.

Moody’s puso números al fracaso: la gestión de Gustavo Melella dejó a Tierra del Fuego con peor calificación crediticia, más gasto que ingresos y un deterioro fiscal que ya no se puede ocultar. Sin plan de equilibrio, con déficits estructurales y decisiones improvisadas, la Provincia pierde solvencia, credibilidad y futuro, mientras el costo del desorden lo pagan los fueguinos.

Mientras el gobernador Gustavo Melella recorta de forma inconsulta los recursos de los municipios, el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, eligió el aplauso y la complacencia. En un acto oficial, celebró junto al mandatario provincial una decisión que perjudica directamente a su propia ciudad, dejando al descubierto una preocupante subordinación política y la ausencia total de defensa del interés local.

Con una tasa del 77 % a 60 cuotas y préstamos que para empleados públicos no superan los cinco sueldos, el Banco de Tierra del Fuego dejó de ser una herramienta de apoyo para convertirse en un prestamista caro. Lejos de ayudar a las familias en crisis, ofrece créditos que endeudan, no resuelven y funcionan como un verdadero salvavidas de plomo para miles de fueguinos.

La caída del crédito eólico por US$65 millones expone algo más profundo que un revés financiero: confirma una gestión que acumula anuncios y pierde inversiones clave. Bajo el gobierno de Gustavo Melella, Tierra del Fuego vuelve a quedarse sin un proyecto estratégico que podía generar energía, empleo y desarrollo, sumándose a una larga lista de obras prometidas que nunca se concretaron.

Por decreto y sin consenso histórico, Javier Milei repite el gesto de un dictador y arranca el sable corvo de San Martín del ámbito civil y museológico para convertirlo en un símbolo de apropiación política. No es un acto de homenaje, es una profanación de la historia y del legado del Libertador más grande que vio el continente americano.