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Ser inútil y obsecuente en Tierra del Fuego tiene premio, y es el caso de Maximiliano D’Alessio, responsable directo del fracaso de la obra del nuevo puerto de Río Grande, el Polo Petroquímico, el proyecto del Hidrogeno verde, la planta de urea granulada, la planta de amoniaco, el parque de generación eólico que se anuncio y nunca se concreto. El porteño intimo amigo de Melella y titular de Terra Ignis sumara un salario mensual de 100 millones de pesos.

Mientras declama soberanía en cada discurso y se muestra en escenarios cargados de simbolismo patriótico, el gobernador que autorizó la instalación de un radar de origen británico con capacidad militar en territorio fueguino enfrenta una contradicción imposible de disimular: cuando las decisiones de gobierno van en sentido opuesto a las palabras, la soberanía deja de ser una causa y pasa a ser un recurso político vacío.

El Concejo Deliberante aprobó un proyecto en apoyo a trabajadores de Aires del Sur. Advirtieron sobre el riesgo de nuevos despidos y reclamaron medidas para proteger el empleo y la producción.

El puerto más estratégico del sur argentino entra en zona de riesgo, Melella impone un nuevo esquema que le saca el control estatal fueguino y lo abre a intereses privados extranjeros bajo una estructura empresarial que podría poner en riesgo los intereses fueguinos como puerta de acceso a la Antártida y el Atlántico sur

Los datos surgen de un informe de la consultora Scentia, que mostró un retroceso de 3,4% en relación con el mismo mes del año pasado. Los sectores más afectados.

Un informe de la consultora Innova registró una fuerte caída de la imagen de Milei y el 58% rechaza su reelección.

El exministro de Economía recibe en su despacho a gobernadores, intendentes y legisladores de diversas tribus. En su laboratorio, apuesta abrir el espacio y convocar a sectores alejados del peronismo para retener la provincia y volver a la Casa Rosada.

Mientras el Gobierno impulsa un nuevo paquete legislativo con promesas de modernización, más de 50 leyes ya aprobadas siguen sin reglamentarse, evidenciando un problema estructural: no es falta de normas, es incapacidad para hacerlas cumplir.