La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, analizó el avance del Presupuesto 2025 y alertó por la profundización de la crisis económica, el endeudamiento de las familias y el aumento de la demanda social, incluso entre trabajadores formales. Reclamó la necesidad de convenios con OSEF y advirtió que los municipios están reemplazando funciones que el Estado nacional dejó vacantes.
Actualidad29/11/2025
Polo Sur
La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, trazó un diagnóstico severo sobre el escenario económico y social que atraviesa la ciudad mientras continúa el análisis legislativo del Presupuesto 2025. En diálogo con Radio Provincia, la edil confirmó que todos los bloques siguen recabando información de las áreas que expusieron y que el objetivo es “llegar a una sesión en la primera quincena de diciembre” con las modificaciones necesarias.
Zamora remarcó que la discusión presupuestaria se desarrolla sin referencias nacionales ni provinciales, ya que ninguno de los dos niveles del Estado cuenta con su propia ley de gastos aprobada. “Estamos presupuestando en un contexto donde no sabemos si habrá debate legislativo, si habrá decretos o si se avanzará con reformas fiscales profundas”, observó.
Crítica situación de la recaudación y el consumo
La concejal describió una caída marcada del consumo, acompañada por despidos en el sector privado y un endeudamiento familiar que “tiene cifras alarmantes”. Señaló que muchas familias “no llegan ni al mínimo de la tarjeta” y enfrentan juicios ejecutivos de prestamistas.
“A la gente no le alcanza ni para comer, mucho menos para pagar impuestos”, afirmó Zamora, poniendo en duda las proyecciones de recaudación municipal. También mencionó aumentos que agravan la situación: siete subas de combustibles en 20 días, un 20% de incremento en la carne, alquileres que superan los $700.000, y tarifas de gas que, según INDEC, escalaron 903%.
Reclamo a OSEF y necesidad de recuperar fondos en salud
Zamora volvió a plantear la necesidad de concretar convenios con OSEF y otras obras sociales, dado que una enorme proporción de los pacientes que se atienden en el sistema municipal pertenecen a la obra social estatal. “Si estos acuerdos se firman con privados, deberían también darse con el municipio”, enfatizó.
Aseguró que el fortalecimiento financiero permitiría sostener áreas sensibles como rehabilitación en Mamá Margarita, atención de primeras infancias y acompañamiento a niños neurodivergentes, donde “el municipio cubre prestaciones que exceden incluso lo previsto por la Carta Orgánica”.
Diciembre, un mes bajo alerta
La presidenta del Concejo admitió preocupación por el fin de año, un período históricamente sensible en la zona norte de la provincia. Con el Estado nacional retirándose de funciones esenciales y un Estado provincial con limitada capacidad de respuesta, advirtió que las demandas sociales recaen de forma directa sobre Río Grande.
“Hay una baja del consumo, pérdida de empleos, salarios pisados y más familias endeudadas. Y, al mismo tiempo, los municipios deben sostener los servicios básicos: agua potable, basura, iluminación, mantenimiento vial. Es un desafío enorme”, planteó.
Violencia de género y nuevos protocolos
Durante el tratamiento presupuestario también se abordó el desarrollo de un protocolo de actuación para denuncias de violencia de género contra funcionarios públicos, una herramienta que Zamora impulsa desde hace meses. A la par, destacó el fortalecimiento de programas formativos, oficios con salida laboral y el acompañamiento a mujeres emprendedoras.
“La situación es muy triste y hay negación de la realidad”
Zamora sostuvo que diariamente reciben pedidos de ayuda de familias que aún teniendo empleo recurren a módulos alimentarios o asistencia directa. “Hoy vestir a un niño se volvió un lujo. La gente no puede pagar servicios de 100 mil pesos, ni alquileres de 800 mil. La situación es muy triste”, dijo.
Finalmente, llamó a encarar el escenario con responsabilidad y sin chicanas políticas: “Esto no es para generar alarma, es para ser realistas. Ojalá se revierta, pero hoy la crisis está y la vemos todos los días”.
Con récord de semanas sin clases normales, jornadas reducidas y datos oficiales que el Gobierno provincial se niega a transparentar, Tierra del Fuego cierra uno de los peores ciclos lectivos de su historia. Mientras tanto, otras provincias como Santa Fe lograron garantizar 185 días de clases mediante acuerdos que premia EL PRESENTISMO y la continuidad pedagógica, dejando en evidencia que la crisis educativa fueguina no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas.
La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
Es el segundo socio que pierde YPF bajo la gestión de Horacio Marin, tras la salida de Petronas. Problemas de management y cepo
El líder republicano se alzó con casi el 60% de los votos y asumirá el 11 de marzo de 2026
La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
Es el segundo socio que pierde YPF bajo la gestión de Horacio Marin, tras la salida de Petronas. Problemas de management y cepo
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.