PoloSur
La privatización de las rutas nacionales ha generado un conflicto significativo para el ministro de Economía, Toto Caputo, en medio del escándalo relacionado con los peajes de la ruta 5. El Gobierno se vio obligado a cancelar aumentos de hasta el 330% que habían sido autorizados a la concesionaria Pentavía, luego de constatar que las obras comprometidas no se habían completado y que faltaban recursos para el mantenimiento adecuado de la vía. Este hecho ha puesto en la mira a otras concesionarias que también podrían estar bajo investigación por situaciones similares.
Tras haber aprobado un incremento de hasta un 330% en los peajes del tramo Pampa, que conecta Luján con Santa Rosa, la administración actual tuvo que dar marcha atrás al comprobar que la concesionaria privada no había realizado todas las obras que había declarado. Además, se determinó que no contaba con el equipo ni con el personal necesario para llevar a cabo las tareas rutinarias de mantenimiento. La situación ha suscitado una creciente preocupación en sectores vinculados al agro y a la explotación de Vaca Muerta, quienes dependen de esta ruta clave para sus operaciones.
Junto con la suspensión de los aumentos tarifarios, la dirección de Vialidad Nacional tomó la decisión de abrir un sumario y destituir al supervisor oficial encargado del control y la fiscalización del tramo concesionado de la ruta nacional 5. Este inspector había aprobado y dado por finalizadas las obras de "puesta en valor" que presentó la concesionaria Pentavía para justificar el incremento de tarifas. La medida refleja la intención del Gobierno de asumir un rol más activo en la supervisión de las concesiones viales.
A tan solo diez días de la implementación de las nuevas tarifas, una inspección complementaria ordenada por la cúpula del organismo vial reveló que la mayoría de los trabajos y reparaciones que habían sido declarados estaban incompletos o no cumplían con los estándares y materiales exigidos por las normativas técnicas. La falta de cumplimiento en las obras comprometidas ha llevado a la posibilidad de una multa de hasta $200 millones para la concesionaria, lo que podría tener repercusiones significativas en el sector de las concesiones viales en el país.
En respuesta a la situación detectada, las autoridades de Vialidad decidieron destituir al inspector de la concesión y designar a la ingeniera Daniela Hardouin como nueva supervisora. Su tarea será realizar un control exhaustivo no solo sobre el estado de la ruta, sino también sobre la "cantidad y calidad" de las reparaciones efectuadas por la concesionaria.
A la empresa Pentavía, que está bajo el control de la constructora mendocina Ceosa, se le han abierto dos expedientes sancionatorios. Estas acciones buscan imponerle una multa y obligarla a reintegrar las sumas que cobró de más a los usuarios entre mediados de octubre y el 2 de noviembre. Fuentes del sector informaron a Letra E que la penalización económica podría oscilar entre $150 millones y $200 millones. En relación con la devolución a los usuarios, se implementará un mecanismo específico para aquellos que utilizan TelePase, así como otro para quienes optaron por el pago electrónico o en efectivo.
Con el regreso al cuadro tarifario anterior, se han suspendido los aumentos que habían variado entre el 139% y el 330% desde mediados de octubre. Para los automóviles, el peaje con TelePase ha disminuido de $4262,18 a $1787,10 en las tres cabinas de cobro ubicadas en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen.
En el caso de los vehículos de carga de tres ejes, la tarifa con TelePase se redujo de $12.786,52 a $5361,30. Para los camiones de cuatro ejes, el costo con TelePase bajó de $17.048,17 a $5361,30. En cuanto a los vehículos de cinco ejes, el peaje con TelePase pasó de $21.310,88 a $7184,40, mientras que para los de seis ejes, la tarifa se redujo de $25.573,06 a $7184,40.
Además, para los camiones de siete ejes, la disminución de la tarifa con TelePase fue de $29.835,24 a $8935,50. En el caso de los camiones más grandes, de ocho ejes, la rebaja del peaje llevó el costo de $38.359,59 a $8935.
El tramo Pampa de la RN 5 es uno de los corredores más importantes para la producción agropecuaria y el transporte de arenas silíceas destinadas a Vaca Muerta, lo que implica un movimiento diario de más de 1000 camiones.
La firma Pentavía, dirigida por el empresario mendocino Fernando Porretta, quien es uno de los principales contratistas de esa provincia, asumió la operación del corredor el 1 de julio. Sin haber comenzado nuevas obras, recibió autorización para aumentar las tarifas de peaje hasta un 20%.
El contrato de concesión, que tendrá una duración de 20 años, se limita únicamente a tareas de mantenimiento, conservación y reparación de las rutas. No contempla la posibilidad de realizar nuevas ampliaciones de calzada ni la transformación en autovía, una demanda que ha sido planteada durante años por vecinos, productores y municipios de la región.
La situación actual que enfrenta a la concesionaria ha generado dudas sobre los supuestos beneficios y aportes positivos que, según la narrativa de los sectores liberales, se esperaban en el contexto económico con el traspaso de las rutas nacionales a manos privadas.
Dentro del organismo vial, se observa con preocupación que no todas las concesionarias que se hicieron cargo de los 16 tramos de rutas transferidas están realizando los esfuerzos necesarios para acelerar los trabajos iniciales, que incluyen el tapado de baches, la limpieza de banquinas y la señalización de las calzadas en los corredores más deteriorados.
Según información recabada por Letra E, la atención de las autoridades se centra en cuatro concesionarias que enfrentan problemas y retrasos en la ejecución de los trabajos.
Una de estas concesionarias es Corresur, que opera los tramos Acceso Sur, Atlántico y Sur. Esta empresa está compuesta por las constructoras Concret Nor, Marcalba, Coarco y Pose, y ha acumulado demoras en los arreglos de la autopista Riccheri-Ezeiza, una de las vías de acceso más utilizadas tanto por los usuarios locales como por los turistas que llegan al aeropuerto internacional Ministro Pistarini.
Otra concesionaria bajo la lupa es la que está a cargo del empresario Cristóbal López, que gestiona el tramo Portuario Norte. Este tramo comprende 528 kilómetros de la RN 9 entre San Nicolás y Rosario, el acceso del Gran Rosario A-008 y el tramo de la RN 33 que conecta Rosario con Trenque Lauquen. A casi un mes de haber asumido el control, la concesionaria aún no ha iniciado los trabajos prioritarios.
También se encuentran en la mira las operadoras de los tramos Noroeste, perteneciente al grupo Cartellone, y Noreste, que está bajo la gestión de las empresas Carlos Enriquez SA y Hormi SA.
Caputo se refirió al aumento del riesgo país, señalando que hay temor ante la posibilidad de que Javier Milei no continúe en el cargo.
Con el riesgo país establecido en 925 puntos, Caputo asumió un rol activo como ministro de Producción, centrándose en el Régimen de Incentivo a la Generación de Inversiones (RIGI) y en las exportaciones.
Fuente original: Letra P.
