La controversia por la adquisición de indumentaria de brigadistas sacude los cimientos del Poder Ejecutivo. Una investigación revela que los equipos forestales fueron comprados a cifras siderales, muy por encima de los valores de mercado, y las pruebas señalan directamente a la Jefatura de Compras y a la pareja de su titular como presuntos beneficiarios de las licitaciones armadas.
03/10/2025
Polo Sur
El fantasma de la corrupción se hizo presente nuevamente en la provincia. El bolsillo estatal fueguino pateó la pelota afuera al desembolsar una cifra escandalosa por equipos de lucha contra incendios. Por un kit completo que se consigue en cualquier distribuidor por menos de $700.000, la Provincia terminó pagando más de $2,2 millones de pesos. Esta diferencia insólita equivale a un sobreprecio que triplica el costo real, haciendo que el presupuesto para tres brigadistas solo alcance para equipar a uno. El hecho generó un tembladeral en las oficinas de la Jefatura de Compras.
Nexos familiares bajo la lupa de la legalidad
Las miradas de la justicia se concentran en la figura de Gisela Rita Casimiliano, quien está a cargo de la Jefatura de Compras provincial. La acusación principal sostiene que Casimiliano habría orquestado los procesos licitatorios para favorecer los intereses económicos de su pareja, Ariel Alejandro Valdez. El historial de Valdez agrega más leña al fuego, ya que es un hombre con fuertes lazos en el ambiente militar y arrastra antecedentes de hechos durante su paso por el Estado Mayor de la Armada.
Toda esta madeja de intereses salió a la luz gracias a un documento oficial de la empresa Inforest S.R.L., que encendió las alarmas.
El informe de cotización expuso que las cifras presupuestadas están a años luz de los precios que se manejan en el mercado, dejando al desnudo la presunta maniobra de los funcionarios involucrados.
El detalle de los valores inflados
La lista de compras es lapidaria y desata el debate sobre la administración de fondos:
Una campera forestal, cuyo precio de venta está clavado en $399.720, fue tasada en la licitación a $700.000.
El pantalón del equipo, que en el mercado se ofrece junto a la campera en un set por $663.570, fue separado y presupuestado individualmente entre $300.000 y $390.000.
Las botas, que oscilan entre $350.000 y $400.000 para el consumidor, fueron facturadas al Estado en $650.000.
Finalmente, el casco Sicor, que se consigue por $300.000 o $350.000, se elevó a una cotización de $550.000.
Si bien Casimiliano es la principal apuntada, la responsabilidad política salpica directamente a la Ministra de Producción. Se espera que la funcionaria tenga que rendir cuentas y dar explicaciones por haber validado montos que no tienen anclaje en la realidad comercial. El expediente promete instalarse en la agenda de la Legislatura provincial en el corto plazo.
El anuncio de Gustavo Melella quedó al desnudo: la línea de créditos para estatales morosos alcanzaría en lo inmediato a solo 200 trabajadores, convierte al Banco de Tierra del Fuego en herramienta electoral descuidando al sector productivo y repite la receta de Milei: tapar deudas con más deudas, mientras los salarios siguen congelados.
En una votación que generó fuerte polémica, la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) resolvió por mayoría rechazar la acreditación de origen solicitada por la textil fueguina Australtex, medida que deja a la empresa sin la posibilidad de exportar su producción y que compromete seriamente la continuidad de la planta en Río Grande.
La Dirección Provincial de Energía (DPE) abrió una licitación pública que prevé un presupuesto oficial multimillonario destinado al servicio de vigilancia y seguridad para sus dependencias por dos años, con chance de extenderlo por un año más.
El candidato a senador de Defendamos Tierra del Fuego cuestionó duramente la falta de políticas para proteger el empleo de los vecinos, la industria y el turismo en la provincia. Además, defendió la necesidad de reactivar el FAMP y subrayó que el Senado es clave para traer programas y recursos que fortalezcan la matriz productiva.
La controversia por la adquisición de indumentaria de brigadistas sacude los cimientos del Poder Ejecutivo. Una investigación revela que los equipos forestales fueron comprados a cifras siderales, muy por encima de los valores de mercado, y las pruebas señalan directamente a la Jefatura de Compras y a la pareja de su titular como presuntos beneficiarios de las licitaciones armadas.
Las esposas de policías retirados y pensionados denuncian que la Caja de Previsión Provincial adeuda haberes de julio, agosto y septiembre, además del SAC, y reclaman transparencia sobre el manejo de los fondos.