Polo Sur
El fantasma de la corrupción se hizo presente nuevamente en la provincia. El bolsillo estatal fueguino pateó la pelota afuera al desembolsar una cifra escandalosa por equipos de lucha contra incendios. Por un kit completo que se consigue en cualquier distribuidor por menos de $700.000, la Provincia terminó pagando más de $2,2 millones de pesos. Esta diferencia insólita equivale a un sobreprecio que triplica el costo real, haciendo que el presupuesto para tres brigadistas solo alcance para equipar a uno. El hecho generó un tembladeral en las oficinas de la Jefatura de Compras.
Nexos familiares bajo la lupa de la legalidad
Las miradas de la justicia se concentran en la figura de Gisela Rita Casimiliano, quien está a cargo de la Jefatura de Compras provincial. La acusación principal sostiene que Casimiliano habría orquestado los procesos licitatorios para favorecer los intereses económicos de su pareja, Ariel Alejandro Valdez. El historial de Valdez agrega más leña al fuego, ya que es un hombre con fuertes lazos en el ambiente militar y arrastra antecedentes de hechos durante su paso por el Estado Mayor de la Armada.
Toda esta madeja de intereses salió a la luz gracias a un documento oficial de la empresa Inforest S.R.L., que encendió las alarmas.
El informe de cotización expuso que las cifras presupuestadas están a años luz de los precios que se manejan en el mercado, dejando al desnudo la presunta maniobra de los funcionarios involucrados.
El detalle de los valores inflados
La lista de compras es lapidaria y desata el debate sobre la administración de fondos:
Una campera forestal, cuyo precio de venta está clavado en $399.720, fue tasada en la licitación a $700.000.
El pantalón del equipo, que en el mercado se ofrece junto a la campera en un set por $663.570, fue separado y presupuestado individualmente entre $300.000 y $390.000.
Las botas, que oscilan entre $350.000 y $400.000 para el consumidor, fueron facturadas al Estado en $650.000.
Finalmente, el casco Sicor, que se consigue por $300.000 o $350.000, se elevó a una cotización de $550.000.
Si bien Casimiliano es la principal apuntada, la responsabilidad política salpica directamente a la Ministra de Producción. Se espera que la funcionaria tenga que rendir cuentas y dar explicaciones por haber validado montos que no tienen anclaje en la realidad comercial. El expediente promete instalarse en la agenda de la Legislatura provincial en el corto plazo.
