PoloSur
Dos denuncias fueron presentadas por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, y el diputado Esteban Paulon. Ambas denuncias fueron unificadas en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, donde la fiscal Paloma Ochoa ya ha comenzado a tomar las primeras medidas de prueba. Este miércoles, poco después de que se revelara que Flavio Bolsonaro y su familia habían salido de Brasil a través de Puerto Iguazú, Solano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, acusándolo de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
En la misma jornada, el diputado Esteban Paulon, del bloque Provincias Unidas de Santa Fe, también denunció al presidente Milei, al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, a quien señaló como responsable política de Migraciones, y al asesor del presidente, Santiago Caputo. Ambas denuncias se integraron en una causa que se tramita en el juzgado federal 5, bajo la dirección de María Eugenia Capuchetti, y la fiscal Paloma Ochoa, quien este jueves solicitó las primeras medidas de investigación.
La Justicia ha ordenado al Gobierno que proporcione información sobre los movimientos de Flávio Bolsonaro en Argentina. La fiscal Ochoa, con el respaldo de la jueza Capuchetti, ha solicitado informes a diversos organismos públicos. Según se ha informado, el objetivo de la investigación es determinar si hubo irregularidades en los controles fronterizos y si funcionarios del Gobierno facilitaron la llegada de Bolsonaro al país y su posterior salida desde el aeropuerto de Iguazú.
Además, Capuchetti ha requerido las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina, con el fin de esclarecer todos los movimientos de Bolsonaro en territorio argentino. En sus acusaciones, Solano ha señalado a Milei por haber “organizado un operativo para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro y evitar que rinda cuentas ante la Justicia de Brasil”. El propio Gobierno reconoció que Bolsonaro y su familia estuvieron en Argentina y que salieron en un vuelo privado de Baires Fly, después de que la Casa Rosada inicialmente negara su presencia en el país.
El dirigente de PO, Solano, enfatizó la información que ha circulado sobre la supuesta presencia de Santiago Caputo en Puerto Iguazú, donde habría estado “dirigiendo personalmente la fuga”. Solano calificó la situación como “hechos gravísimos” que requieren una investigación exhaustiva, señalando el uso de la estructura estatal para proteger a una persona sujeta a restricciones judiciales y la posible utilización de recursos públicos para asegurar su impunidad. Además, adelantó a PERFIL que este lunes presentará una ampliación de la denuncia.
En relación al denominado "Operativo Bolsonaro", la Casa Rosada ha optado por el silencio, lo que añade incertidumbre a la relación con Brasil y aumenta la tensión en el ámbito político. Solano solicitó que se conserven los registros migratorios, las comunicaciones, los planes de vuelo y las órdenes de custodia, advirtiendo que “esta maniobra compromete al país y sus relaciones internacionales”. Afirmó que la Justicia debe investigar a fondo y establecer las responsabilidades de quienes organizaron y ejecutaron este operativo clandestino.
Paulón, en su denuncia, subrayó que “no existe mención por parte del gobierno de la existencia de un pedido formal o informal de asilo político ante nuestro país o terceros, como tampoco salvoconducto diplomático”. Esto resalta la falta de claridad en las acciones del gobierno en relación a la situación de Flavio Bolsonaro y su familia.
En cuanto a la causa que fue archivada, se informó que tras la entrada al país de Flavio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas, se presentó una tercera denuncia en Puerto Iguazú por averiguación de delito. Sin embargo, el fiscal subrogante Aníbal Fabián Martínez decidió cerrarla este jueves, argumentando que no se había cometido delito al cruzar la frontera argentina.
Este caso se había iniciado un día antes con dos denuncias que estaban relacionadas con el supuesto ingreso ilegal de Bolsonaro a la Argentina, la posible evasión de controles migratorios y aduaneros en la zona de frontera de Puerto Iguazú, así como la eventual violación de medidas cautelares extranjeras. Según el dictamen del fiscal, Interpol informó que, al consultar sus bases de datos, no había restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Flávio Bolsonaro en el momento del informe.
En este contexto, el fiscal Martínez consideró que no era pertinente avanzar con otras medidas solicitadas, que incluían requerimientos de cámaras, registros aeroportuarios, bitácoras, manifiestos de pasajeros, comunicaciones de la aeronave matrícula LV-JQW y documentación relacionada con empresas privadas.
La fiscalía de Puerto Iguazú comunicó que enviará una copia de la desestimación a la Fiscalía Federal N° 10 de Capital Federal, que está bajo la dirección de Paloma Ochoa. En esta fiscalía se están tramitando las denuncias presentadas por el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, y el diputado Esteban Paulon.
Fuente original: Perfil.
