PoloSur
El 27 de octubre, el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala hizo oficial la designación de Wilberto Julián Rojas en el cargo de viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal. Este puesto es fundamental para el seguimiento técnico de la recaudación tributaria y la gestión hacendaria del país. Rojas, contador público y auditor, reemplaza a Patricia Carolina Joachín Godínez, quien dejó su cargo el 1 de octubre. La organización Movimiento Pro Justicia ha expresado su preocupación por ciertos antecedentes que consideran relevantes y que no fueron mencionados en la presentación oficial del nuevo viceministro.
Rojas asumirá un rol clave en la formulación de políticas fiscales y en la evaluación de las finanzas del Estado. Desde el Ministerio se indicó que su incorporación tiene como objetivo dar continuidad a las estrategias de sostenibilidad de las finanzas públicas y fortalecer los mecanismos de fiscalización del Estado. La vacante dejada por Joachín Godínez se mantuvo durante 26 días antes de que se oficializara el nuevo nombramiento, el cual coincidió con la solicitud del actual contralor general de Cuentas, Élfego Castañón, de una ampliación presupuestaria de Q375 millones para la Contraloría General de Cuentas.
En cuanto a su formación académica, Rojas es contador público y auditor, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, cuenta con una maestría en Fiscalización de la Administración Pública de la Universidad Galileo y ha completado el pénsum del Doctorado en Auditoría Financiera con Énfasis en Control Interno Gubernamental. Su trayectoria en la administración pública incluye haber dirigido la Dirección de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas, donde se encargó del seguimiento de los fideicomisos estatales y brindó apoyo técnico para su constitución, modificación, extinción y liquidación.
Rojas también ha ocupado el cargo de jefe departamental de Fiscalización en la Contraloría General de Cuentas y ha trabajado como analista financiero de fideicomisos en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. En estos roles, se dedicó al control de recursos públicos y al manejo de instrumentos financieros del Estado. Su experiencia laboral se extiende a funciones como técnico especializado en Proyectos de Desarrollo y contador general de la Fundación Educativa Fe y Alegría Guatemala, así como su paso por el Fondo de Desarrollo Local Guatemala.
La trayectoria del nuevo viceministro de Ingresos incluye una sólida experiencia en la docencia universitaria, habiendo trabajado en instituciones como la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Galileo y la Universidad Mariano Gálvez. En estas universidades, dictó cátedras relacionadas con legislación pública, contrataciones estatales y fiscalización gubernamental, lo que resalta su formación en áreas clave para su nuevo cargo.
Según el perfil curricular que fue difundido por el Ministerio de Finanzas Públicas, Rojas ha recibido capacitaciones en temas de derechos humanos de las mujeres, ética pública, transparencia y la aplicación de Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Además, ha desempeñado el rol de capacitador en la Contraloría General de Cuentas, enfocándose en aspectos vinculados a las contrataciones públicas, lo que evidencia su involucramiento en el ámbito fiscal y administrativo.
Sin embargo, la designación de Rojas ha generado controversia, especialmente por parte del Movimiento Pro Justicia, que expresó sus reparos a través de un mensaje en Facebook. La organización civil cuestionó la información proporcionada sobre el recorrido del nuevo funcionario, señalando que el Ministerio de Finanzas no incluyó su participación en la comisión que nominó a los candidatos para la Contraloría General de Cuentas para el período 2026-2030.
Además, el grupo destacó que Rojas había sido parte del grupo de electores vinculado a Élfego Castañón, quien actualmente ocupa el cargo de contralor general de Cuentas. En su publicación, el Movimiento Pro Justicia afirmó: “Al presentarlo, el Minfin omite que el nuevo funcionario integró la comisión que nominó candidatos a CGC 2026-2030 y que militó en el grupo de electores de Élfego Castañón”.
La organización también insinuó que “tal vez optaron por omitir la información, ya que el nombramiento levanta sospechas de pago de favores”. Estas afirmaciones se centran en la relación previa entre Rojas y el proceso de elección de las autoridades de la entidad encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos, lo que podría generar dudas sobre la transparencia del nombramiento.
Élfego Castañón fue electo contralor general de Cuentas por el Congreso de la República. El pasado martes 27 de octubre, solicitó ante la Comisión de Finanzas del Congreso una ampliación presupuestaria de Q375 millones, con el objetivo de contratar más personal y fortalecer la fiscalización preventiva durante el año 2027.
Por otro lado, el Viceministerio de Ingresos y Evaluación Fiscal tiene la responsabilidad de controlar el seguimiento de la recaudación tributaria y de la gestión hacendaria dentro de la cartera del Tesoro. Hasta el momento, el Ministerio de Finanzas Públicas no ha emitido una respuesta pública a los cuestionamientos planteados sobre los antecedentes de Rojas en relación con los procesos de elección de las autoridades de la Contraloría General de Cuentas.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha otorgado un plazo de 48 horas al gobierno de Bernardo Arévalo para que explique los incidentes ocurridos en Huité y el asesinato del exfiscal Solórzano Foppa. Esta decisión se produce tras la admisión de un amparo que obliga al presidente Arévalo y al ministro de Gobernación a presentar informes detallados sobre ambos casos en el tiempo estipulado.
En otro ámbito, el Congreso de Guatemala llevó a cabo la elección de su nueva Junta Directiva, la cual estará en funciones hasta 2027-2028. Con 123 votos a favor, se aprobó la incorporación de una bancada vinculada a Felipe Alejos, quien ha sido señalado por corrupción. Esta situación ha generado críticas tanto dentro como fuera de la alianza oficialista, lo que ha intensificado la crisis en el oficialismo.
Asimismo, el Congreso guatemalteco aprobó la ley del MetroRiel, que establece el marco jurídico para el sistema ferroviario metropolitano, con 134 votos a favor. Sin embargo, la rapidez con la que se tramitó esta legislación, junto con las acusaciones de negociaciones políticas a cambio de apoyos legislativos, han generado dudas sobre la transparencia del proceso y han ensombrecido el inicio del proyecto.
En medio de una serie de escándalos, el Ministerio de Gobernación de Guatemala ha renovado la cúpula policial, nombrando nuevos mandos en la Policía Nacional Civil. Esta decisión se produce después de meses de cuestionamientos hacia agentes implicados en graves casos. El ministro Villeda ha declarado que este cambio en la estructura policial fue una decisión planificada y no una respuesta a la crisis actual.
Por último, el presidente de Guatemala ha reconocido que se implantaron pruebas en contra de los hermanos Choc Toz en el contexto del asesinato de Solórzano Foppa. El mandatario explicó que el procedimiento tenía como objetivo incriminar a dos repartidores que fueron detenidos tras el doble homicidio. Además, anunció que el Estado ofrecerá disculpas institucionales conforme a los mecanismos establecidos por la ley guatemalteca.
Fuente original: Infobae América.
