PoloSur
El Gobierno argentino ha declarado como secreto militar una nueva compra de equipamiento destinado a las Fuerzas Armadas, según lo establecido en el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Este decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, protege bajo una reserva absoluta las operaciones contractuales relacionadas con esta adquisición, lo que implica que información sobre el tipo de material, costo, proveedor y fuerza destinataria no estará disponible para el público.
Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el presidente Milei ha tomado medidas enérgicas contra empresas petroleras que operan en el archipiélago sin la autorización del país. Entre estas acciones se incluyen la imposición de sanciones, la presentación de denuncias penales contra varias de estas empresas, la instrucción de un procedimiento de arbitraje ante la ONU bajo la Convención sobre el Derecho del Mar para detener el proyecto de extracción de crudo Sea Lion, y la orden de construir una base naval en Tierra del Fuego. En respuesta, Londres convocó a la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta, y el primer ministro Andy Burnham advirtió en el Parlamento que su país será “implacable” en la defensa de los derechos de los isleños.
El decreto que clasifica la compra de equipamiento se fundamenta en la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63, que define como “secreto militar” cualquier adquisición, fabricación o construcción que sea fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Al activar esta clasificación, los organismos involucrados quedan exentos de cumplir con las normativas de publicidad y difusión que rigen las compras estatales.
Esta medida no es un hecho aislado. Desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo ha emitido al menos cuatro decretos de esta naturaleza. Los tres anteriores —decretos 370/24, 807/24 y 1073/24— estaban relacionados con la incorporación de aviones de combate F-16 Fighting Falcon adquiridos a Dinamarca, abarcando la operación de compra, la construcción de la infraestructura necesaria y los contratos complementarios gestionados a través del programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS). Además, un cuarto decreto, el 735/26, clasificó la exportación temporal de material de esos aviones para tareas de mantenimiento y actualización.
El nuevo decreto, por otro lado, se tramita bajo un expediente distinto (EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD) y no menciona en ningún momento a los F-16 ni a la Fuerza Aérea. La Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa ha sido designada como la entidad encargada de llevar a cabo los actos necesarios para hacer efectiva la operación.
Este decreto se emite en un contexto de la mayor renovación militar en Argentina en varias décadas. Un análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae, que se basa en registros del Sistema de Contrataciones Electrónicas y en acuerdos bilaterales, estima que desde diciembre de 2023 hasta agosto del año pasado, el Estado ha destinado un total de USD 445.026.954 en armamento, equipos militares y de seguridad. Esta cifra ya supera el gasto total de la gestión de Alberto Fernández en este ámbito, que fue de USD 428,7 millones, y es seis veces mayor que el gasto de Mauricio Macri, que alcanzó los USD 72 millones, a pesar de que Javier Milei aún no ha completado tres años en el cargo.
De la suma total, USD 381,4 millones fueron asignados a las Fuerzas Armadas, mientras que los USD 63,7 millones restantes se destinaron al área de Seguridad. La mayor parte de las compras se concentró en 2024, con un total de USD 357,8 millones, mientras que en 2025 la cifra disminuyó a USD 59,4 millones y en los primeros siete meses de 2026 se alcanzaron los USD 27,8 millones.
La adquisición más destacada fue la de 24 aviones de combate F-16 —16 de un solo piloto y 8 de doble piloto— acordada con Dinamarca en abril de 2024 por un monto de USD 301,2 millones, que se pagará en cinco cuotas anuales. Los primeros seis aviones llegaron al país el 5 de diciembre de 2025 y fueron presentados en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, con la presencia del presidente durante el acto. Una segunda entrega de seis unidades arribó en septiembre de 2026, y la Fuerza Aérea estima que los 12 restantes podrían incorporarse antes de diciembre de 2027.
Esta operación tiene como objetivo restablecer una capacidad aérea de combate que Argentina había perdido en 2015, cuando se retiraron los últimos Mirage del servicio activo. La gestión de esta compra fue realizada por el entonces ministro Luis Petri y representa un cambio significativo en la política de defensa del gobierno libertario.
El proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas no se limitó únicamente a la aviación. El Ejército Nacional ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para la adquisición de ocho vehículos blindados Stryker 8x8, con un costo de 20 millones de dólares. Además, existe la posibilidad de expandir la flota hasta un total de 235 unidades, que se ofrecerán en diversas configuraciones, incluyendo transporte de infantería, evacuación médica, comando y apoyo de fuego. Una primera partida de 50 vehículos ha sido inspeccionada en Texas, y se prevé que su llegada al país se concrete antes de que finalice el año.
De manera paralela, el Ministerio de Defensa formalizó en marzo de 2026 un acuerdo para la incorporación de helicópteros UH-60L Black Hawk, que también provendrán de reservas estadounidenses. Este programa contempla la adquisición de hasta 20 aeronaves, con un presupuesto máximo de 140 millones de dólares, gestionadas a través del sistema de Ventas Militares al Extranjero. Se anticipa que los primeros cuatro helicópteros lleguen antes de que termine el año, con el objetivo de reemplazar a los envejecidos AS332 Super Puma que actualmente operan en el Batallón de Helicópteros de Asalto 601.
En lo que respecta a la Armada, esta institución ha incorporado cuatro aviones de patrulla marítima P-3 Orion, adquiridos a Noruega por un total de 60 millones de dólares. Estos aviones están destinados al control del Atlántico Sur y de la zona económica exclusiva de Argentina. Además, se han sumado al equipamiento seis helicópteros Bell 407GXi, comprados a Canadá mediante un contrato de gobierno a gobierno, por un monto de 32,4 millones de dólares, y 48 camiones Unimog U4000, adquiridos por 8,16 millones de dólares, que serán utilizados para la logística terrestre del Ejército.
En cuanto a los planes futuros, el proyecto de Presupuesto 2027, que fue enviado al Congreso en septiembre, incluye una autorización para la toma de deuda por 2.300 millones de dólares, destinados a la adquisición de tres submarinos convencionales, así como otros 1.200 millones de dólares para la compra de dos fragatas multimisión. Estas unidades operarían desde la Base Naval Mar del Plata y la Base Naval Puerto Belgrano, respectivamente.
La Armada ha evaluado ya las propuestas de dos fabricantes europeos: la francesa Naval Group, que ofrece el submarino Scorpène Evolved, que mide 72 metros de eslora, tiene un desplazamiento de 2.000 toneladas y puede operar hasta 80 días sin necesidad de reabastecimiento; y la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), que propone el Type 209NG, de 63 metros y 1.590 toneladas. Según lo indicado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Marcelo Dalle Nogare, ambos países han ofrecido financiar la totalidad de la operación, que podría superar los 3.000 millones de euros.
La responsabilidad de la decisión ahora recae en el presidente Javier Milei. La firma de un eventual acuerdo representaría la recuperación de la capacidad submarina que Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017, un trágico suceso que resultó en la muerte de sus 44 tripulantes. Sin embargo, la inclusión de estas partidas en el Presupuesto no implica que ya se haya cerrado un contrato: la materialización de este proyecto dependerá de la aprobación por parte del Congreso y de los términos de financiamiento que se negocien con los proveedores.
En el ámbito judicial, el juez Fabián Asís, quien cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial, se pronunció sobre los desafíos que enfrenta la Justicia para recuperar la confianza de la sociedad. Asís, que forma parte del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, destacó la importancia de que los magistrados mantengan un contacto cercano con la ciudadanía. También se refirió a las demoras en las causas judiciales, la representación de las necesidades del interior y el reparto de poder entre jueces y fiscales a raíz de la implementación del sistema acusatorio.
En el ámbito político, se agita la interna del peronismo, donde se han revelado detalles de una reunión entre la expresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa. A pesar de su silencio público en los últimos meses, Kirchner continúa activa en sus contactos con dirigentes del Partido Justicialista. La reunión en San José 1111 abordó diferencias sobre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la disputa con mandatarios que se alinean con la administración de Milei, en el marco de la batalla por las elecciones primarias.
Por otro lado, el Gobierno ha lanzado un nuevo plan de retiro voluntario dirigido a empleados estatales. Esta convocatoria excluye a personal de seguridad, del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de las Fuerzas Armadas, y contempla pagos de hasta 20 remuneraciones para aquellos que decidan acogerse a esta opción.
En el Senado, aliados del oficialismo buscan posponer la definición sobre el manejo de la estratégica comisión de Acuerdos hasta el año 2027. Esta comisión es clave, ya que a través de ella se procesan todos los pliegos judiciales, así como ascensos diplomáticos y militares. Tras el fallecimiento del libertario Juan Carlos Pagotto, han surgido insistentes llamados desde el oficialismo que han generado descontento entre los dialoguistas. Se sugiere que el actual vicepresidente, Maximiliano Abad (UCR), asuma la presidencia de la comisión durante un par de meses.
En lo que respecta a la gestión de Milei, se han invertido un total de 445 millones de dólares en insumos destinados a armamentos, equipos militares y de seguridad. Infobae ha analizado las adjudicaciones y compras realizadas a través del Sistema de Contrataciones Electrónicas del Estado nacional, específicamente en el área de Defensa y Seguridad.
Fuente original: Infobae Política.
