PoloSur
El Gobierno nacional ha tomado la decisión de apelar la sentencia que exige la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, al tiempo que declaró inconstitucional la cláusula que condicionaba su ejecución. Esta situación abre una nueva fase en un conflicto que ha llegado hasta la Corte Suprema y que coincide con la discusión del Presupuesto 2027, las paritarias universitarias y la Quinta Marcha Federal, programada para el 15 de octubre.
La apelación se presentará en los próximos días, y según fuentes, la Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Sebastián Amerio, está evaluando otras alternativas legales para evitar que el Ejecutivo deba asumir de inmediato los gastos que conlleva la aplicación de la ley. Desde Balcarce 50, se sostiene que aún hay margen para discutir la sentencia y se argumenta que corresponde al Congreso determinar la fuente de los recursos.
El juez federal Martín Cormick falló a favor de los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades, docentes y la Universidad de Buenos Aires (UBA), declarando inconstitucional un decreto que había suspendido la aplicación de la Ley 27.795. A pesar de que la norma fue vetada por Milei, su aprobación fue ratificada por ambas cámaras del Congreso, que insistieron con las mayorías necesarias. El Ejecutivo, aunque obligado a promulgarla, incluyó una cláusula que condicionaba su ejecución a la identificación de las fuentes de financiamiento.
La controversia se trasladará también al Congreso, donde el proyecto de Presupuesto 2027 asigna aproximadamente $7,3 billones a las universidades nacionales, mientras que los rectores estiman que se requieren cerca de $11 billones para cumplir con la ley. Los rectores ya han comenzado a dialogar con legisladores para solicitar modificaciones, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el sector universitario.
Fuente original: APF Nacionales.
