PoloSur
La iniciativa fue impulsada por Alberto Arrúa y cuenta con el respaldo de legisladores de Argentina Federal, Unión por la Patria, Provincias Unidas, entre otros bloques. El proyecto exige que el Ministerio de Economía incluya en el presupuesto del próximo año las partidas necesarias para el funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización de los salarios del personal docente y no docente, así como el financiamiento de programas de becas estudiantiles y otras obligaciones establecidas por la normativa vigente.
En los fundamentos de la propuesta, los autores subrayan que la educación universitaria pública es una política de Estado esencial para el desarrollo científico, tecnológico, productivo y social del país. En este contexto, recuerdan que la Ley 27.795 tiene como finalidad garantizar el sostenimiento del financiamiento universitario en todo el territorio argentino.
El proyecto señala que la ley impone obligaciones específicas al Estado nacional, tales como la recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, mecanismos de actualización vinculados a la evolución de los precios, la recomposición salarial de docentes y no docentes a través de negociaciones paritarias periódicas, y el fortalecimiento de diversos programas de becas estudiantiles. Además, se menciona que la ley incluye recursos para la investigación universitaria, con partidas destinadas a la regularización de ingresos en la carrera de investigador científico y al sostenimiento de becas de formación.
Los firmantes enfatizan que el debate sobre el Presupuesto 2027 no puede ignorar las obligaciones legales vigentes y advierten que la previsibilidad presupuestaria es crucial para el adecuado funcionamiento de las universidades nacionales. La incorporación de estas partidas permitiría una mayor transparencia en la relación entre los recursos asignados y las obligaciones establecidas por la ley, evitando modificaciones posteriores en la ejecución presupuestaria.
Fuente original: APF Nacionales.
