PoloSur
Esta semana, Daniel Parisini, el influencer libertario apodado el Gordo Dan y cofundador del programa “Carajo”, se presentó en las oficinas del Ministerio Público de Buenos Aires para ser indagado por diversas acusaciones, entre las que se encuentran amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública y actos discriminatorios. Junto a él, otros cuatro streamers, fervientes seguidores de Javier Milei, también fueron citados por las mismas imputaciones. Un momento de tensión se produjo cuando un empleado de la fiscalía les indicó que debían dirigirse a otro piso para el registro de huellas dactilares, lo que generó incomodidad entre los acusados. Otro incidente fue protagonizado por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, quien, al llegar, generó un escándalo contra la fiscal Celsa Ramírez y se negó a firmar la restricción de acercamiento hacia el denunciante, el diputado Paulón.
Parisini ingresó a los tribunales junto a Mariano Pérez, con quien unificaron sus defensas, considerando que su situación podría ser más favorable. Pérez tuvo un altercado con la querella al intentar grabar un video en el pasillo, desafiando las restricciones impuestas. El viernes, Sarubbi Benítez, quien también representa a Fernando Cerimedo, un consultor preso en Bolivia, generó controversia al tuitear en contra de la fiscal. También estuvo presente Pablo Pazos, conocido como “Gordo Pablo”, y el quinto imputado, Nicolás Márquez, no pudo ser notificado en sus domicilios registrados.
La fiscal Ramírez sostiene que los acusados realizaron expresiones amenazantes que afectaron la figura pública del diputado Esteban Paulón, quien es un activista por los derechos del colectivo LGBTQ+. Según la imputación, las publicaciones en redes sociales y plataformas digitales como “X” y “YouTube” han expuesto a Paulón a un escarnio público, afectando su honor e integridad física. La acusación destaca que estas manifestaciones buscan incitar a otros a cometer agresiones físicas contra él, en un contexto de estigmatización por su orientación sexual y su labor en favor de las minorías.
La fiscalía ha solicitado informes técnicos a organizaciones que advierten sobre la violencia de género facilitada por las tecnologías de la información, subrayando la responsabilidad del Estado en investigar estos hechos. La situación refleja un patrón de hostigamiento hacia la comunidad LGBTQ+ y plantea serias implicaciones sobre la libertad de expresión y los límites de la misma en el ámbito digital.
Fuente original: APF Nacionales.
