PoloSur
La nueva propuesta legislativa se presenta en un momento crítico, dado el aumento de trastornos de salud mental en la población. La Organización Mundial de la Salud estima que más de mil millones de personas en el mundo enfrentan estos problemas, y Argentina no es la excepción. Con un incremento notable en las consultas y hospitalizaciones, especialmente tras la pandemia, el Gobierno busca redefinir las condiciones para las internaciones. Actualmente, la ley N° 26.657 establece que una persona solo puede ser internada involuntariamente en casos excepcionales, cuando exista un “riesgo cierto e inminente” para su vida o la de terceros. El nuevo texto propone cambiar esta formulación por un concepto de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, ampliando así el marco de evaluación que podría incluir situaciones futuras y antecedentes del paciente.
Este cambio en la definición de riesgo se justifica desde el oficialismo como una medida para prevenir tragedias, permitiendo actuar antes de que se produzcan situaciones críticas como suicidios o agresiones. Sin embargo, quienes se oponen a la reforma advierten sobre el peligro de incrementar las internaciones forzadas, lo que podría vulnerar los derechos de los pacientes.
Otra modificación importante se refiere a quién tiene la autoridad para decidir sobre la internación de un paciente. La normativa actual exige que al menos dos profesionales, uno de los cuales debe ser psicólogo o psiquiatra, evalúen y firmen la internación. En cambio, el nuevo proyecto contempla que, en casos excepcionales, un solo médico podría tomar esta decisión, aunque se prevé una revisión posterior. Esta propuesta genera inquietud entre algunos sectores que temen la posibilidad de abusos en el uso de esta facultad.
La discusión también se centra en el futuro de las instituciones psiquiátricas. La ley vigente prioriza las internaciones en hospitales generales y prohíbe la creación de nuevos hospitales psiquiátricos. Sin embargo, el proyecto del Gobierno sugiere que se permita la internación en hospitales especializados, lo que ha generado alarma entre quienes ven en esta medida un retroceso hacia el modelo de manicomios, que la legislación anterior buscaba eliminar. Desde el oficialismo, se argumenta que la falta de camas en servicios de salud mental genera que muchos pacientes deban esperar en guardias de hospitales generales, lo que pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más flexible.
La nueva ley también aborda la autonomía del paciente en el contexto de su tratamiento. Aunque no elimina los derechos establecidos en la legislación anterior, modifica el equilibrio entre la autonomía del individuo y la intervención del sistema de salud. En situaciones específicas, se facilitaría la internación incluso sin el consentimiento del paciente, lo que plantea un debate sobre la capacidad del Estado y del equipo médico para intervenir en la vida de las personas ante un riesgo grave.
La participación de la familia es un aspecto crucial en esta discusión. La legislación actual reconoce a los familiares como importantes acompañantes en el proceso, pero no les otorga el poder de decisión. El nuevo proyecto busca fortalecer la corresponsabilidad familiar, permitiendo que los familiares tengan un rol más activo en el tratamiento y en las decisiones críticas. Esta propuesta responde a la demanda de aquellos que, en situaciones de crisis, sienten que la ley vigente deja escasas herramientas para intervenir cuando un ser querido se niega a recibir ayuda.
En resumen, el proyecto de reforma a la ley de salud mental en Argentina genera intensos debates entre la necesidad de garantizar la atención adecuada a quienes sufren problemas de salud mental y la protección de los derechos individuales. Mientras familiares y profesionales señalan la insuficiencia de la legislación actual para abordar crisis severas, organizaciones de derechos humanos advierten sobre los riesgos que conlleva flexibilizar las internaciones y reabrir la puerta a instituciones psiquiátricas, lo que podría desplazar el enfoque hacia el encierro en detrimento de la atención comunitaria.
