PoloSur
No obstante, el panorama se complica al observar que la mitad de los proyectos aún aguarda aprobación, y muchos de los ya autorizados se encuentran en fases iniciales de desarrollo. Aunque algunas iniciativas han comenzado a mostrar movimiento, como la importación de equipos y la planificación de obras, el desembolso real en el sector minero apenas alcanzaba el 11% de lo prometido hasta abril de 2026. Los casos más avanzados, como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y el proyecto de GNL de Southern Energy en Río Negro, no comenzarán a operar hasta finales de 2026.
La situación se vuelve aún más preocupante cuando se considera que, en los sectores de petróleo y minería, la cantidad de empleo formal ha disminuido en más de 8.700 puestos desde noviembre de 2023, según estimaciones de Fundar. Esto plantea un interrogante relevante: el RIGI no solo es una política de fomento de inversiones, sino que también tiene el potencial de alterar la estructura productiva de Argentina. Para el consultor en política económica Ernesto O’Connor, el régimen representa una de las medidas más significativas del Gobierno en su intento de establecer un nuevo modelo exportador, centrado en la energía y la minería, que podría generar divisas de manera constante, aunque sin necesariamente contribuir al mismo nivel de empleo y desarrollo industrial en el resto del país.
