Una resolución de Catastro impulsada por Melella amenaza con “paralizar” la actividad inmobiliaria

El malestar es grande respecto de una resolución publicada el 30 de diciembre por el director de Catastro de la Provincia, de manera inconsulta con todas las asociaciones profesionales que ahora dan cuenta de la imposibilidad de su aplicación, además de lo confiscatorio y burocrático de la misma aduciendo “mejoras en la seguridad jurídica.

La resolución 201/2025 del director de Catastro Martín Eladio Ibarra establece un nuevo reglamento y procedimiento obligatorio para la verificación de la subsistencia del estado parcelario de los inmuebles de toda la provincia que superen los 20 años de antigüedad en su escrituración y registro.

Ante cada venta, cesión o donación; el vendedor o entregador del bien deberá proceder a realizar una nueva mensura, cuyo costo oscilaría los 1000 dólares, según consultas ya realizadas.

“La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica inmobiliaria, asegurando que la información catastral coincida con la realidad física y legal de cada parcela”, sostiene la norma, pero en realidad genera mayor burocracia y un nuevo coste a los propietarios a contramano totalmente del paradigma social en que se pone en tela de juicio el rol confiscatorio por parte del Estado en cualquiera de sus niveles.

Todos los operadores inmobiliarios en contra

La disposición entró en vigencia desde los primeros días de enero, lo que tomó por sorpresa a agentes inmobiliarios, martilleros, escribanos, manifestándose incluso el propio colegio de Agrimensores quienes consideraron “no prudente su inmediata aplicación por cuanto no se han coordinado ni convenido las formas de intervenir”, “este Consejo Profesional no intervendrá ninguna solicitud”, plantearon ayer en una nota dirigida a la dirección de Catastro.

Desde el sector de los escribanos hablaron de “irresponsabilidad burocrática” pidiendo también detener la aplicación de la normativa, y los agentes inmobiliarios consultados expresaron “sacaron una resolución el 30 de diciembre sin haber trabajado esto con ninguna de las personas que deben intervenir, Escribanos, Agrimensores, Registro de la Propiedad, Escribanía de Gobierno, IPV, Municipalidades”.

En ese sentido plantearon asimismo la preocupación respecto de una medida que va en detrimento de un mercado económico ya aletargado, “hoy el mercado inmobiliario está parado por esta resolución intempestiva, inconsulta, emitiendo certificados no habilitantes para la venta”, refiriendo que la medida tiene prácticamente congelada la actividad y cualquier perspectiva de venta.

Un dato no menor es que el funcionario responsable del dictado de esta norma es de profesión agrimensor.