Alberto resiste las presiones para acelerar la normalización económica y asume el riesgo de una crisis más profunda

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La fase 3 de la cuarentena implicará, según Alberto Fernández, que la mitad de los argentinos tendrán una flexibilización para la movilidad fuera de sus casas. Pero lo cierto es que, desde el punto de vista económico, el margen de maniobra será mucho menor.

Las principales actividades continúan restringidas, excepto para el caso de aquellas ciudades de menos de medio millón de habitantes que, a su vez, estén en provincias de “luz verde” o baja incidencia de contagios y que, además, cumplan con los demás requisitos respecto del sistema sanitario.

Por ende, el problema del mega desempleo no sólo no se aliviará en la nueva fase, sino que continuará agravándose. Y el Presidente dejó en claro que mantiene la tesis que viene sosteniendo desde el inicio de la crisis: que siempre se puede volver de una recesión, pero no se vuelve de muertes masivas.

Lo graficó con su ejemplo de que es mejor siempre que una fábrica esté cerrada porque los empleados están en sus casas cumpliendo la cuarentena y no por estar enfermos.

Son argumentos irrefutables puestos en esos términos, pero que lo cierto es que ese “trade off” en el cual se acepta a la economía como necesaria variable de ajuste para preservar la salud se hace cada vez más difícil de sostener. Y ahí radicará el mayor desafío para el gobierno.

Alberto agradeció a los argentinos por lo que calificó como una actitud responsable y consciente respecto de cómo actuar ante la pandemia, y presentó, como suerte de premio ante esa conducta, el permiso de recreación por una hora diaria. Pero si hay algo que amenaza la cuarentena no es tanto el agobio del encierro y la rebeldía de señoras que se enfrentan a la policía sentadas en una reposera de una plaza, sino la desesperación de aquello que no pueden soportar el desplome de la actividad.

Todas las semanas se revisan las proyecciones económicas, siempre para peor. A esta altura, los economistas ya están proyectando una caída de 8% del PBI suponiendo que –como todo hace prever- la cuarentena siga por un período largo y la normalización en los principales núcleos productores del país sea muy lenta.

La ayuda no alcanza

Aparecen indicadores en el sentido de que ya no sólo son los informales o quienes se desempeñan en el comercio los afectados, sino que una vasta masa de clase media empieza a sentir la caída brusca de ingresos. Por caso, bancos de primera línea tuvieron un nivel de impago de más de 40% de los clientes con tarjeta de crédito a la fecha de los vencimientos.

En tanto, las góndolas empiezan a dar cuenta de problemas de desabastecimiento y se hace difícil contener los precios de alimentos y productos de limpieza, lo cual derivó en un conflicto entre supermercados y fabricantes.

A esta altura, ya la mayoría de los empresarios dan por sentado la imposibilidad de respetar los topes de precios que se había negociado al inicio de la cuarentena, como quedó evidenciado en las comunicaciones de las cámaras sectoriales durante la semana.

La insuficiencia de la ayuda económica se ha hecho evidente prácticamente desde que dio inicio la cuarentena. El bono de ingreso extraordinario para los trabajadores informales, que originalmente había sido pensado para 3,6 millones de personas, recibió casi 12 millones de solicitudes, por lo que, una vez hechas las revisiones, el monto gastado terminó siendo el doble del previsto.

Y aun así, enseguida se reveló que la cobertura dejaba fuera a un universo de trabajadores de ingresos medios, lo cual obligó al decreto que incluye dos millones de autónomos y monotributistas en el programa de crédito a tasa cero.

También se quedó corto el plan de asistencia a las empresas que no pueden pagar los salarios –el que estableció el subsidio de 50% hasta un tope de dos salarios mínimos-, dado que el primer reporte oficial dejaba fuera más de la mitad de las 426.000 empresas que habían reportado problemas por caída de la actividad. Hasta el viernes, se había autorizado el pago a 1,6 millón de trabajadores de 160.000 empresas.

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