Esta tarde se constituyó el Consejo de la Magistratura en la ciudad de Ushuaia, órgano encargado de la designación y remoción de jueces, al cual llegó el tratamiento de dos magistrados con conductas cuestionadas en el ejercicio de sus funciones.
En el caso del juez de instrucción de Ushuaia, Javier de Gamas Soler, el cual lleva años procesado en relación a la causa Amia; los consejeros de la mano del legislador Pablo Villegas “manifestaron su preocupación” respecto de noticias en torno a la situación procesal del juez en funciones, en su relación con la causa Amia hace ya más de 20 años atrás.
El juez Ernesto Loffler como presidente del Consejo también manifestó “su preocupación” por esta situación y se comunicó con sus pares del Superior Tribunal de Justicia, los cuales remitieron información respecto de que De Gamas puso a disposición su renuncia condicionada al inicio del trámite del beneficio jubilatorio.
Ante esto la totalidad de los consejeros de la Magistratura votaron por solicitar información de la causa al juzgado de origen, interesados ahora en 2023 de un proceso que lleva décadas con De Gamas procesado y a pesar de ello cumpliendo la función de juez en Tierra del Fuego.
De Gamas sigue procesado por el delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público” siendo revocado el año pasado además un procesamiento que tenía por “encubrimiento”, en un fallo muy cuestionado desde la organización Memoria Activa que brega por la resolución del atentado de 1994 sobre el cual intervino el ex juez Juan José Galeano y De Gamas como secretario.
Incluso De Gamas, próximo a jubilarse, fue filmado en esa causa entregando 400 mil dólares al acusado Carlos Telleldín para que involucrara falsamente en el atentado a policías de la provincia de Buenos Aires. Más de 20 años después tiene lugar esta ridícula puesta en escena del Consejo de la Magistratura.
Iniciarán sumario a Cesari: Finalmente tomó estado parlamentario en el Consejo, el oficio remitido por la jueza de instrucción 3 Cecilia Cataldo, respecto de la causa judicial que el mes pasado se inició para investigar las conductas de su par, el juez de instrucción 1, Daniel Cesari Hernández.
Los consejeros recibieron copia del oficio de la jueza y por unanimidad encomendaron al presidente del órgano, el juez Ernesto Loffler, a remitirse al atículo 10 de la ley 525 por el cual se establece que el presidente del Consejo de la Magistratura dispondrá de un informe en el cual puede encomendar la investigación sumaria de los hechos denunciados.
El próximo miércoles el Consejo volverá a constituirse con el informe que podría contener la solicitud formal del inicio de actuaciones sumarias al magistrado, pudiendo en ese caso recomendarse hasta su apartamiento preventivo del cargo.
Esto podría tener un fuerte sustento en que hasta el momento la jueza que investiga la conducta del juez por “malos tratos” y “abusos de autoridad” lleva tomando testimoniales a ex funcionarios del juzgado de Cesari, pero de momento no ha podido realizarse con los actuales empleados en base a la incómoda posición que genera para los testigos la continuidad de Cesari como juez, actualmente en turno. Ello para cualquier hijo de vecino representaría un “riesgo procesal” y valdría la detención del imputado; determinación que muy difícilmente adopte esta Justicia con la venda ya caída de sus ojos.
