El Senado le dio esta noche media sanción por un voto más de los dos tercios a la ley que prohíbe los despidos por 180 días y contempla la doble indemnización, con respaldo de casi toda la oposición, un golpe para Mauricio Macri que anticipó su rechazo a la iniciativa y mandó a su ministro Rogelio Frigerio a tratar de bloquearla vía los gobernadores peronistas.
El proyecto obtuvo 49 votos a favor y sólo 16 en contra, que fueron los de Cambiemos y el salteño Juan Carlos Romero, único peronista que se opuso a la norma.
La presión de Frigerio a los gobernadores intentando reeditar la experiencia del acuerdo con los holdouts, fue un fracaso estrepitoso: El bloque FpV-PJ apoyó el proyecto sin fisuras y ni siquiera aceptó los pedidos del gobernador Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa para excluir a las Pymes.
Lo propusieron Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador, y el massista Alfredo Luenzo, pero el pampeano Daniel Lovera, autor del proyecto, lo rechazó de plano.
“Estaríamos discriminando al 70% de los trabajadores, que son de pequeñas y medianas empresas. Queremos preservar los empleos durante un tiempo limitado, esperando que cambien las condiciones socioeconómicas del país”, explicó Lovera, que responde al gobernador Carlos Verna.
Miguel Pichetto lo respaldó: “Para las Pymes vamos a pensar en otro ley con beneficios específicos”, sugirió y se sorprendió por la expectativa que había despertado la votación.
“Estuvieron todas las centrales sindicales acá y les dimos el apoyo. Esperábamos algunos gestos y reflejos que me parece que el Gobierno tiene que tener”, deslizó, como sugiriendo que hubo un largo tiempo para negociar, entre la reunión con las centrales sindicales y la votación, que no fue aprovechado por la Casa Rosada.
De hecho, el gobierno pareció flojo de reflejos y terminó apurando un proyecto de empleo joven, como intento tardío por quitarle argumentos a la oposición, que complementó con una conferencia de Marcos Peña y Triaca a un día de la sesión para difundir datos del propio Gobierno que supuestamente reflejan que en la Argentina no se incrementaron los despidos. Nadie en la oposición los tomó en serio.
Tan a la defensiva quedó el oficialismo en esta pulseada, que en el Senado Macri tuvo una defensa por demás tibia. Ni Federico Pinedo ni Ángel Rozas se animaron a cuestionar que el proyecto no haya pasado por la Comisión de Presupuesto, aun cuando contempla una erogación del Estado por la doble indemnización.
Hartos de ser ninguneados, los radicales tuvieron una clara actitud de brazos caídos. Sólo Luis Naidenoff y la tucumana Silvia Elías de Pérez participaron del debate y Rozas se la pasó dando notas para la televisión, antes de cerrar la sesión pidiendo que asistiera Jorge Triaca, como si a esta altura fuera posible.
Pinedo, además, estuvo a cargo de la sesión porque Gabriela Michetti se fue al New York a participar del Consejo de las Américas. Debió pedirle permiso a todos los senadores para hablar y no se gastó: “Para nosotros los problemas de empleo, se resuelven creando empleo”, simplificó.
Entre los senadores peronistas no hubo contemplaciones, o sea, si algún gobernador los presionó claramente no se inquietaron.
“Estamos hablando de un derecho humano. La gente tiene inseguridad de estar desocupada”, explicó el chubutense Juan País. “El oficialismo sigue escondiendo despidos; para ellos el trabajo es una mercancía”, le siguió el entrerriano Pedro Guastavino.”
“La crisis la generaron ustedes cuando a partir del 9 de diciembre a las 23:59 comenzaron a despedir gente”, acusó la santacruceña Virginia García, cuñada de Máximo Kirchner.
Pino Solanas, Adolfo Rodríguez Saá, la rionegrina Magdalena Odarda (Coalición Cívica) y el sindicalista neuquino Guillermo Pererya respaldaron el proyecto con tanto a más vehemencia que el peronismo.
Ahora, al oficialismo le queda la esperanza de trabarlo en la Cámara de Diputados donde tienen una situación más ventajosa y apuestan a complicarlo en la comisión de Presupuesto que lidera el macrista Luciano Laspina. Si esto también fracasa, Macri ya anunció que lo vetará, aunque el costo político de semejante decisión es incalculable.
Fuente: LPO
