El Senado aprueba la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes

La Cámara alta del Congreso argentino aprobó la incorporación del país al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, un acuerdo que modifica los procedimientos para el registro y protección de innovaciones. Esta decisión, respaldada por 47 votos a favor y 22 en contra, reaviva el debate sobre el futuro de la industria farmacéutica y los precios de los medicamentos.
Actualidad20/11/2026PoloSurPoloSur

El Senado de la Nación Argentina dio luz verde a la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en una votación que se llevó a cabo con 47 votos a favor y 22 en contra. Esta aprobación se produce tras casi tres décadas de discusiones en el ámbito parlamentario. La decisión ha generado un renovado debate en torno a las implicancias que tendrá para la industria farmacéutica nacional, así como el posible impacto en el costo de los medicamentos disponibles en el país.

En términos inmediatos, no se anticipan cambios automáticos en los precios ni en la disponibilidad de los tratamientos médicos. Sin embargo, la nueva normativa podría alterar las condiciones para el patentamiento de ciertos productos, lo que podría influir en la competencia entre laboratorios nacionales y extranjeros a mediano y largo plazo. El PCT, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), permite a los solicitantes presentar una única solicitud internacional para iniciar el proceso de protección de una invención en múltiples países. Hasta el momento, las empresas, investigadores y universidades argentinas que deseaban patentar un desarrollo en el extranjero debían iniciar trámites separados en cada jurisdicción.

La adhesión al tratado simplifica este proceso inicial y amplía los plazos para decidir en qué mercados se continuará con el trámite de protección. Este sistema permite extender de 12 a 30 meses el período para definir en qué países se buscará la protección de la invención. Además, facilita el acceso a información técnica y a evaluaciones preliminares sobre las invenciones. Sin embargo, es importante destacar que la incorporación al tratado no implica que Argentina haya aceptado un sistema de patentes automáticas con validez mundial. Cada nación mantiene la facultad de evaluar las solicitudes y decidir si concede o rechaza la protección de una invención conforme a su legislación. En el caso de Argentina, esta responsabilidad seguirá siendo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

El organismo encargado de la gestión de patentes jugará un rol fundamental en las repercusiones que la adhesión al tratado pueda tener en el ámbito del mercado farmacéutico. Las empresas que deseen proteger sus innovaciones en Argentina deberán seguir el procedimiento de evaluación local. Además, para que los medicamentos puedan ser comercializados, es imprescindible que cuenten con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La inquietud se centra en el desarrollo de medicamentos genéricos y biosimilares, que son esenciales para diversificar la oferta y competir con los productos originales. Desde la industria farmacéutica nacional se argumenta que un aumento en la protección de las patentes podría retrasar la llegada de alternativas al mercado, lo que a su vez reduciría la competencia y podría tener un impacto negativo en los precios que enfrentan los consumidores.

Esta controversia llevó a que la Cámara de Diputados incluyera una reserva respecto al capítulo II del tratado, modificación que fue finalmente aprobada por el Senado. Este apartado establece un examen preliminar internacional más detallado sobre las condiciones de patentabilidad de una invención. Al optar por excluir esta cláusula, Argentina se asegura de no incorporar una instancia adicional de evaluación, que había sido uno de los principales puntos de crítica por parte de los laboratorios locales.

La reserva también garantiza un margen de decisión para el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Aunque los informes técnicos internacionales pueden ser considerados como antecedentes para evaluar una solicitud, no reemplazan la decisión de las autoridades argentinas sobre la concesión de una patente. De esta manera, el INPI seguirá teniendo la última palabra sobre qué desarrollos obtienen protección en el país.

Por otro lado, los sectores que apoyan la adhesión argumentan que el nuevo mecanismo permitirá disminuir costos y tiempos administrativos, facilitará la internacionalización de las innovaciones y mejorará las condiciones para atraer inversiones. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) resaltó que el tratado podría ser beneficioso para investigadores, universidades y empresas que busquen proteger sus desarrollos en otros mercados.

En el ámbito de la industria farmacéutica, uno de los argumentos que se presenta a favor de una mayor protección de la propiedad intelectual es el elevado costo asociado al desarrollo de nuevos medicamentos. Según estimaciones divulgadas por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), el proceso de creación de un fármaco innovador puede requerir un periodo de entre 10 y 15 años, así como una inversión aproximada de 2.600 millones de dólares. Desde esta perspectiva, las patentes se consideran una herramienta que permite a las empresas recuperar parte de esos gastos y continuar con la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, tal como publicó el medio Ámbito.

En el ámbito legislativo, el Senado de la Nación aprobó una moción que permitirá tratar la prórroga del Estatuto del Periodista, lo que representa un avance significativo para la protección de los derechos de los trabajadores de prensa. Además, el Senado nacional también dio luz verde a la reforma del régimen de propiedad privada que restablece la Ley de Tierras, un tema de gran relevancia para el sector agrícola y la propiedad rural en el país. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la desregulación de las prepagas, lo que implica que el Estado retomará el control sobre la regulación de las cuotas de estos servicios de salud.

En una votación unánime, el Senado aprobó el fortalecimiento del sistema de discapacidad, que se convirtió en ley, lo que representa un avance en la inclusión y protección de los derechos de las personas con discapacidad. En otro orden de cosas, se busca imputar a un adolescente que agredió a un niño trans en la provincia de Santa Fe, un hecho que ha generado una fuerte repercusión social. En el ámbito de la ludopatía, el Senado decidió no tratar de inmediato una ley sobre el tema, pero se comprometió a debatirla la próxima semana.

En el sector empresarial, Arcor anunció el cierre de su planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata, lo que afectará a 75 empleados que se desempeñaban en dicha instalación. En otro suceso, se identificó al primer fallecido por la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, quien era el trabajador que se encontraba desaparecido tras el incidente. Por su parte, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) repudió la abstención del Gobierno Nacional en la votación de la ONU sobre la violencia hacia mujeres y niñas, destacando la importancia de la postura del país en foros internacionales.

En el ámbito sindical, los sindicatos de la Carne celebraron un fallo judicial que reconoció el carácter laboral de una patología, lo que obligará a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) a brindar cobertura a los afectados. Asimismo, avanzan las gestiones del sector agropecuario para establecer fiscalías especializadas en delitos rurales, con el objetivo de mejorar la seguridad en el campo. En el ámbito de la salud, trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental anunciaron un paro de 18 horas programado para el próximo miércoles, en respuesta a diversas problemáticas laborales.

Por otro lado, se destacó que la provincia de Entre Ríos ha alcanzado las metas de calidad del Programa Sumar+, lo que refleja un avance en la atención de la salud pública. En el ámbito educativo, Agmer convocó a un paro de 48 horas para la semana siguiente, tras el cierre de la paritaria docente, lo que ha generado un clima de tensión en el sector. Finalmente, se emitió una alerta amarilla por tormentas para varios departamentos de Entre Ríos, lo que podría afectar a la población en los próximos días.

Fuente original: APF Nacionales.

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