Inversiones opacas: el fondo de Curazao que gestionará AySA y sus operaciones en Venezuela e India

PHX se presenta como un fondo de inversión que opera en la sombra, aunque en ocasiones sus actividades se hacen evidentes. A través de algunas transacciones, se puede vislumbrar cómo se utilizan estos instrumentos financieros ubicados en jurisdicciones con regímenes fiscales favorables. Sin embargo, este medio no ha logrado contactar a ninguna fuente oficial ni del ámbito privado que pueda ofrecer explicaciones sobre las operaciones del futuro accionista mayoritario de AySA.

En el contexto de la venta de operaciones en Venezuela, el 10 de noviembre de 2020, Cargill anunció que traspasaría todas sus actividades en el país a un holding local, el Grupo Puig, y a Phoenix Global Investment Fund. Esta decisión se produjo en un momento en que el presidente Nicolás Maduro había adelantado las festividades navideñas al 15 de octubre. Cargill comunicó que la venta tenía como objetivo “asegurar la continuidad de las operaciones en el país, el acceso a los productos y servicios de calidad que la compañía ha brindado a lo largo de 34 años en Venezuela”. Sin embargo, los detalles de la transacción fueron escasos, limitándose a un breve cable de Reuters.

La salida de Cargill del mercado venezolano y la entrada de Phoenix Global Fund se resumieron en un escueto comunicado. Por su parte, el Grupo Puig, una empresa con más de un siglo de historia en el país y dedicada a la producción de galletas, dio un paso significativo al integrar su cadena productiva mediante la provisión de harina y la ampliación de su oferta con marcas como Blanca Flor y Ronco. En la actualidad, se desconoce el monto exacto de esta operación. Según el informe de inversiones de PHX, en marzo, el 1,41% de sus 708 millones de dólares estaba destinado a Venezuela, lo que equivale a aproximadamente 5 millones de dólares, una cifra relativamente baja en comparación con su capital total.

En cuanto a sus actividades en India, en enero de 2023, la firma estadounidense Hindenburg Research, especializada en la investigación de irregularidades financieras, publicó un informe en el que acusaba al conglomerado indio Adani Group de manipulación bursátil, evasión fiscal y triangulación de capitales a través de una red de sociedades offshore. Adani, un gigante empresarial valorado en 215.000 millones de dólares, opera en sectores como energías fósiles y limpias, infraestructura, puertos y aeropuertos. Su fundador, Gautam Adani, abandonó la universidad en 1988 y su carrera comenzó en el comercio de diamantes, aprovechando sus conexiones políticas. En mayo de este año, Adani anunció su llegada a Argentina al adquirir el 51% de Meridian Transportes Marítimos.

Hindenburg denunció la existencia de una red de fondos de inversión y fideicomisos que permitían a Adani mantener un capital accionario superior al permitido por el regulador bursátil de India, además de eludir impuestos. Según el informe, estos vehículos de inversión funcionaban como testaferros para familiares del grupo de control.

El informe de Hindenburg Research sobre Adani involucra a Phoenix Global Fund. Aunque cada fondo manejaba relativamente poco capital, en conjunto constituían una red considerable. Uno de estos fondos, llamado New Leania, está registrado en Chipre y, al momento de la investigación, mantenía una posición de 420 millones de dólares, lo que representaba poco más del 1% de Adani Green Energy, la división de energías renovables del grupo. El tercer principal accionista de New Leania es otro fondo: PHX.

PHX informó que, hasta marzo, mantenía un 33,67% de su cartera de inversión en India, lo que equivale a aproximadamente 238 millones de dólares. Aunque el regulador bursátil indio cerró la investigación sin imponer sanciones a Adani, el informe dejó al descubierto a PHX como un vehículo de inversión a través del cual personas no identificadas mueven dinero para evadir impuestos. Hindenburg Research también mencionó en su informe, que se presenta en un extenso documento PDF, otro nombre que se relaciona con AySA: Amicorp.

La estructura jurídica de estas operaciones es notable. Amicorp y PHX Aqua comparten domicilio legal en Londres, Chipre y Curazao. Willem Anton Smit, un neerlandés que actúa como director fiduciario de la estructura que controlará AySA, desempeña funciones similares en al menos una decena de otras sociedades, según los registros públicos británicos que Letra E pudo analizar con la asistencia de inteligencia artificial.

Estas sociedades están diseñadas para trasladar las ganancias desde su lugar de origen a otros destinos donde los marcos normativos y fiscales son más favorables. Amicorp es la entidad madre de estas operaciones y en su sede de Curazao alberga dos fondos de inversión: Phoenix y Absolute Global Investment Fund. Las tres estructuras comparten los mismos directores: Paul Parker, Alex Lynford, Edvar Lotman y Priscilla Lotman.

Amicorp tiene presencia en los cinco continentes y, en ocasiones, parece no realizar muchas preguntas sobre sus operaciones. La firma ha estado vinculada a varios escándalos, algunos de ellos de gran magnitud, como el caso del Adani Group. Su nombre se asoció como originador de fondos de inversión en jurisdicciones como Caimán, Corazón e Islas Vírgenes, a través de los cuales se desviaron más de 4.500 millones de dólares del fondo soberano de Malasia 1MDB entre 2009 y 2015, en una compleja trama de empresas fantasma.

Amicorp cuenta con oficinas en Puerto Madero y en países vecinos desde hace más de dos décadas. Es posible que los verdaderos futuros propietarios de AySA hayan pasado por esas instalaciones, aunque esto no se puede confirmar.

La privatización de AySA se estructura a través de un “fondo de fondos”, lo que permite crear vehículos de inversión con un destino específico. Estos vehículos se nutren de la cartera, pero el inversor destina su dinero para un propósito determinado, como es el caso de PHX AQUA. Al ser consultadas por este medio, las fuentes del consorcio ganador no proporcionaron información sobre quiénes serán los aportantes de capital para este vehículo inversor.

De manera formal, Roaming SA, dirigida por Walter Román, poseerá el 20% de la compañía. Transclor, bajo la dirección de Mauricio Filiberti, tendrá un 10%, y la empresa brasileña Arcos, que se encargará de operar el servicio, contará con un 15%. El resto de las acciones estará en manos de este “vehículo de inversión de inversores extranjeros interesados en la oportunidad”.

El uso de estructuras ubicadas en paraísos fiscales o en jurisdicciones con regímenes tributarios laxos no es algo nuevo. Por ejemplo, Techint opera a través de una red de sociedades con sede legal en Luxemburgo. Asimismo, el Grupo Petersen ingresó a YPF en 2008 utilizando una estructura societaria registrada en Australia y Madrid, que posteriormente se convirtió en el vehículo para la demanda contra el Estado argentino por parte del fondo Burford.

Lo que resulta llamativo es que estos accionistas permanezcan en el anonimato, ya que serán los propietarios de la mayoría accionaria de una empresa que gestiona un servicio público esencial.

Además, los nuevos propietarios ingresarán a la compañía con un flujo de caja adicional. Este lunes, la audiencia pública llevó a cabo el paso legal necesario para actualizar los coeficientes zonales. Alejo Maxit, presidente de la compañía, comentó que “cambiaron las ciudades, cambiaron los barrios, cambió la realidad socioeconómica de millones de personas, pero el sistema siguió respondiendo, en gran medida, a criterios de los años 60 y 80”.

La rezonificación de las tarifas de AySA implicará un incremento promedio del 22,6% en las facturas para el 60% de los usuarios, mientras que el 20% de la población verá una reducción en sus tarifas y el restante 20% no experimentará cambios en sus facturas. En términos económicos, se estima que AySA generará aproximadamente $140.000 millones adicionales al año, lo que equivale a unos 93 millones de dólares al tipo de cambio actual. Esta cifra representa el 26% del costo que pagó el consorcio que resultó ganador de la licitación.

La privatización de AySA se iniciará con un aumento adicional en las tarifas. Maxit, un portavoz de la empresa, indicó que los fondos recaudados se destinarán exclusivamente a financiar tarifas sociales y no se utilizarán para incrementar las ganancias de la compañía. Por su parte, Walter Martello, defensor adjunto del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, argumenta que las tarifas sociales podrían financiarse con una cantidad significativamente menor, estimando que serían necesarios solo 23 millones de dólares. Martello también señaló que, aunque se menciona que el excedente se destinaría a obras, estas no están contempladas en el pliego de la licitación. "Claramente, es una mejora en el flujo de caja que se da una vez conocido el oferente", concluyó.

Fuente original: Letra P.